Eduardo Belliboni no fue convocado a indagatoria por el juez Sebastián Casanello solamente por su papel como líder del Polo Obrero. Existen documentos que sugieren que Belliboni estaba entre los firmantes y responsables de la rendición de cuentas potencialmente fraudulenta del Plan Potenciar Trabajo, actualmente bajo escrutinio judicial. Salieron a la luz documentos que evidencian que el dirigente firmó facturas enviadas al entonces Ministerio de Desarrollo Social para justificar los gastos de la Asociación Civil Polo Obrero como intermediaria en los planes sociales. El problema radica en que una de esas facturas fue emitida por una empresa inexistente.

“El Gobierno me quiere meter preso”, fue la primera reacción al conocer el llamado a indagatoria. A las pocas horas presentó un escrito ante el juzgado y designó abogada defensora porque hasta ahora no había aparecido mencionado en el expediente

El documento en cuestión es una factura B emitida por Coxtex SA, una empresa que poco después de su creación ya había sido señalada por la AFIP por emitir facturas falsas. Se trata de una copia presentada por la asociación, firmada por Belliboni como presidente y Mariano Centanni como tesorero. Estos documentos se entregaban al Ministerio de Desarrollo Social para justificar los gastos realizados con los subsidios recibidos como unidades de gestión, destinados a intermediar los planes Potenciar Trabajo y supuestamente proporcionar herramientas de trabajo. Según la información recabada hasta ahora por la Justicia, el Polo Obrero y sus asociaciones recibieron un total de $360 millones en transferencias.

Al ser consultado, Belliboni explicó: «A mí nunca me dijeron desde el Ministerio que era trucha. Nosotros hacíamos la rendición en la secretaría de [Emilio] Pérsico. Después le enviaban al resto, a un circuito que no manejaba él, que era un área de legales. No sabíamos. Sí supimos de otra empresa, Varela Construcciones, que nos informaron que nos había dado una factura falsa, y la denunciamos nosotros«. Al ser consultado sobre cómo llegaron a esa empresa, añadió: «No me acuerdo si alguien me la acercó, los compañeros que trabajan en el depósito buscan precios. No sé con quién tratábamos de ahí».

Fuentes judiciales han confirmado que Coxtex SA es una empresa ficticia y un generador de facturas falsas. En principio, hay dos facturas emitidas a organizaciones relacionadas con el Polo Obrero. La factura firmada por Belliboni asciende a $3.644.418, fue emitida el 14 de octubre de 2021 e incluye los siguientes productos: 12 notebooks Lenovo Ideada S 340 gris 15.6″ Intel Core i5; 11 softwares Pro Tools Perpetual (descritos en sitios de venta como sistemas de producción de audio para artistas, productores musicales y profesionales del sonido para la creación de música, películas y programas de televisión), y cuatro parlantes inalámbricos Como 700 Sony.

La otra factura, de tipo A, tiene un monto de $1.815.000 y fue emitida el mismo día. Incluye seis de las mismas notebooks y cinco softwares de producción audiovisual. En este caso, la supuesta compra fue realizada por la cooperativa El Resplandor. Para cuando se emitió la factura, la empresa llevaba aproximadamente un año en funcionamiento. Un dato importante es que el Polo Obrero no fue su único cliente, ya que esta factura es el comprobante número 536. Una de las firmantes de esta factura fue María Isabel Dotti, alias «Tango«, también imputada, a quien se le encontraron US$16.000 en su departamento durante los allanamientos.

«Tenemos las cosas que nos vendieron y el software lo compramos porque teníamos capacitación en audiovisual«, agregó Belliboni respecto a estas adquisiciones.

Coxtex fue creada por Luis Alexander Pichuaga, un canadiense, y María Soledad Vega. Ambos aseguraron no tener conocimiento de su implicación en la sociedad. Cuando la policía visitó la residencia de Pichuaga, encontraron un PH de dos pisos habitado por varios miembros de una familia. En la planta superior vivían Pichuaga, su esposa y sus tres hijos.

Sorprendentemente, Pichuaga y Vega tienen al menos otras tres empresas en común: Ciriaco Shoes SRL, Recinsur SA y VSP Consulting SA. Además, según documentos oficiales, Pichuaga fue contratado por la Subsecretaría de Gobierno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el 23 de marzo de 2023, recibiendo 800 unidades retributivas.

La investigación sobre extorsiones en organizaciones sociales, con Belliboni como principal implicado, es solo una entre varias que han surgido en todo el país. No obstante, para fuentes judiciales, esta se destaca como la más relevante en la exposición de un posible sistema que habría funcionado durante la gestión previa. Dos políticas públicas habrían sido claves en este esquema: el crecimiento del Programa Potenciar Trabajo, que involucraba la existencia de unidades de gestión (cooperativas y asociaciones civiles) intermediarias en los planes, y el Renacom, registro de comedores que recibían alimentos.