La Corte Suprema de Justicia se prepara para una definición clave en la causa Vialidad, en la que fue condenada Cristina Fernández de Kirchner. Aunque no hay una fecha oficial, se espera que el tema comience a discutirse el próximo martes, en una reunión de acuerdos convocada por el presidente del tribunal, Horacio Rosatti. En ese encuentro, el juez Ricardo Lorenzetti propondría aplicar el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial para rechazar el recurso de la defensa sin abrir el caso a estudio. Sería un paso procesal breve, pero con un enorme impacto político.

El artículo 280 permite a la Corte rechazar recursos extraordinarios por considerar que no presentan una cuestión federal de suficiente relevancia. En otras palabras, es una vía legal para evitar pronunciamientos de fondo. No es una herramienta nueva: ha sido utilizada en cientos de casos. Sin embargo, su eventual aplicación en un expediente de tanta envergadura, con una expresidenta como imputada, vuelve a abrir un debate jurídico y político de fondo.

Según fuentes judiciales, Rosatti comparte la intención de dejar firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, pero considera que la decisión no debe precipitarse. Estaría dispuesto a resolver el expediente antes de fin de mes, pero no necesariamente en la reunión de la semana próxima. Su mirada se alinea con la de Lorenzetti en cuanto al resultado, aunque no en los tiempos.

La posición más cauta es la del juez Carlos Rosenkrantz. También coincide en que la condena debe ser confirmada, pero considera que la Corte no debería limitarse a aplicar el artículo 280. En cambio, cree que corresponde abrir el expediente, estudiar los argumentos de las defensas y dictar una sentencia fundada, aun si eso implica una demora significativa. En su visión, la trascendencia institucional del caso requiere un fallo detallado y no un rechazo automático.

La discusión interna expone una tensión que trasciende lo jurídico. La inminente definición de candidaturas para las elecciones legislativas agrega un componente de urgencia. Cristina Kirchner confirmó su intención de competir en la provincia de Buenos Aires, en la Tercera Sección Electoral, para acceder anticipadamente a fueros. Según los plazos oficiales, las listas provinciales se cierran en julio, un mes antes que las nacionales, y los fueros se activan una vez oficializadas las candidaturas.

El dato no es menor: si la Corte resuelve antes de esa fecha, una eventual condena firme podría impedir la postulación. Si, en cambio, la decisión se demora, la expresidenta podría quedar amparada por los fueros hasta que la causa vuelva a tener estado judicial. Esta ventana temporal preocupa a dos de los tres ministros del máximo tribunal, que no quieren que una cuestión de tiempos procesales se traduzca en una ventaja política.

Detrás de esa preocupación subyace otra, menos visible pero igual de relevante: el riesgo de que el tribunal aparezca demasiado expuesto en medio del calendario electoral. Las decisiones de alto impacto político siempre generan presión sobre los jueces, pero en este caso particular, la forma y el momento en que se dicte la sentencia pueden incidir de manera directa en el escenario electoral. Y eso plantea una disyuntiva delicada para un tribunal que busca preservar su autoridad y su autonomía.

La discusión sobre la aplicación del artículo 280 no es nueva, pero su eventual uso en este caso vuelve a abrir interrogantes sobre la forma en que la Corte ejerce su rol institucional. Para algunos juristas, esa herramienta fue concebida para casos sin trascendencia federal, no para resolver causas penales complejas que involucran a figuras públicas. Para otros, su aplicación es válida si el expediente ya fue debidamente juzgado por instancias inferiores.

La causa Vialidad ya fue analizada por el Tribunal Oral y confirmada por la Cámara de Casación. En ese contexto, Rosatti y Lorenzetti consideran que no hay margen para una revisión más extensa. Rosenkrantz, en cambio, insiste en que el caso amerita un pronunciamiento con fundamentos.

La diferencia de criterios refleja una Corte reducida a tres integrantes, que funciona con dos vacantes pendientes y un nivel de exposición política poco habitual. La decisión final aún no está tomada, pero todo indica que el tribunal se encamina a resolver una de las causas más sensibles de los últimos años en medio de un clima de alta tensión institucional.