El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, fue el primero por parte del oficialismo, en dar respuestas concretas a una polémica que mantiene en vilo a la opinión pública: las excarcelaciones de presos con condena por delitos graves.

A través del Observatorio de Víctimas, organismo dependiente de la Cámara de Diputados, Massa presentará (ya presentó uno) ante el Consejo de la Magistratura bonaerense tres pedidos de enjuiciamiento y la inmediata suspensión preventiva de los magistrados que, según el Observatorio, incurrieron en «irregularidades insubsanables» al permitir la excarcelación y prisiones domiciliarias de presos en la provincia.

Los apuntados son Claudio Orlando Blum, titular del Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 del Departamento Judicial y otros dos jueces con jurisdicción en Lomas de Zamora y San Isidro, todos de la provincia de Buenos Aires, donde se concentra la mayor población carcelaria del país.

De esta manera, el presidente de la Cámara baja actúo en consecuencia de un reclamo por parte de una gran porción de la sociedad que generó un fuerte cacerolazo la semana pasada en distintos puntos del país.

Más allá de que Massa tiene la potestad como diputado para intervenir y pedir juicios políticos a los jueces, el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof emitieron una tibia respuesta ante el reclamo generalizado de la sociedad. En sus cuentas de twitter, ambos mandatarios dejaron en claro que la potestad de otorgar las excarcelaciones corre por parte de los jueces y no por el Poder Ejecutivo.

Es conocida mi oposición a ejercer la facultad del indulto. Digo esto en momentos en que una campaña mediática se desata acusando al Gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados

— Alberto Fernández (@alferdez) April 29, 2020

Es absolutamente falso que exista un plan del Gobierno de la provincia de Buenos Aires para “liberar masivamente presos”. Pero además, es totalmente inverosímil porque pura y simplemente el Poder Ejecutivo no encarcela, ni libera ni decide libertades condicionales.

— Axel Kicillof (@Kicillofok) April 29, 2020

 

El Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, advirtió la floja respuesta por parte del gobierno, salió a cuestionar las prisiones domiciliarias y avaló los cacerolazos: “Muchos votantes de Alberto Fernández tocaron la cacerola. Nosotros no lo tomamos como algo en contra del Gobierno, ese es el error de la oposición; la gente está angustiada por estas decisiones, el que tocó la cacerola y el que no, porque nadie puede estar tranquilo si hay un genocida o un violador en libertad”, aseveró en declaraciones a radio La Red.

https://www.lanoticiaweb.com.ar/166844/santiago-cafiero-tras-el-cacerolazo-contra-la-liberacion-de-presos-nadie-puede-estar-tranquilo-si-hay-un-genocida-o-un-violador-en-libertad/

 

POSIBLE INTERVENCIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA BONAERENSE. 

El primer detonante de todo este revuelo lo generó el juez de la Cámara de Casación bonaerense, Víctor Violini, quien hizo lugar a un habeas corpus colectivo presentado por los defensores públicos para que se les otorguen prisiones domiciliarias a presos que son parte del grupo de riesgo por el coronavirus.

El fiscal de la Cámara de Casación, Carlos Altuve, apeló al fallo pero el tribunal penal lo rechazó. Por eso, Altuve presentó ante la Corte Suprema de Justicia bonaerense un recurso de queja para que el máximo tribunal establezca una regulación a las prisiones preventivas y declare la inconstitucionalidad de la resolución que Violini firmó en representación de la Sala de Casación que integra.

El fallo de Violini, del 17 de abril, dice que los presos que pueden acceder al beneficio deben ser mayores de 65 años, tener enfermedades preexistentes, o ser mujeres embarazadas. Si bien la resolución era para quienes estén involucrados en delitos leves -no se hizo a mención a cuáles son esos delitos-, la mayor indignación y repudio social se generó cuando trascendieron casos de violadores que regresaron a sus casas situadas en el mismo barrio donde viven sus víctimas.

Fuentes judiciales aseguraron que el máximo tribunal provincial prevé «darle la mayor celeridad posible» al tratamiento del recurso de Altuve y todo indica que lo declarará admisible, por lo cual debería resolver en el corto plazo sobre la cuestión.

 

FAKE NEWS DE UNA JUEZA.

El debate público entorno a las excarcelaciones no pudo estar a la altura de la circunstancia, una vez más en nuestro país, por la irresponsabilidad de muchos medios de comunicación y el oportunismo político por parte de un sector de la oposición, que también tiene injerencia en ciertos sectores del Poder Judicial.

El viernes a la tarde, la jueza de Ejecución de Quilmes, Julia Márquez, salió al aire en A24 con Jonatan Viale y Eduardo Feinmann, dos de los periodistas más reacios al Gobierno actual. Allí, la jueza habló de 176 liberados que estaban condenados por delitos contra la integridad sexual, es decir, abusadores y violadores, y que en un solo día se habían concedido la misma cantidad de excarcelaciones que en un año. También afirmó que recibieron la libertad “1076 personas con delitos contra la propiedad” y “276 con delitos contra las personas”.

Pero todo eso fue desmentido por la Cámara de Casación Penal Bonaerense que si bien admitió la liberación de presos por delitos graves, refutó esos números: el dato del Servicio Penitenciario Bonaerense es que este año recuperaron la libertad 38 condenados por esos delitos entre el 17 de marzo y el 17 de abril y que en la misma fecha del año pasado fueron 44. En cuanto a los homicidios, de los que también habló la jueza, fueron 103 liberaciones en 2019 y 42 este año en el mismo lapso.

Juliana Márquez mantiene un vínculo con la oposición, ya que integra la organización Usina de Justicia cercana al macrismo. La jueza de Quilmes había tenido alguna visibilidad mediática cuando volvió de un viaje a Italia y comenzó con síntomas compatibles con Covid-19, lo que obligó a cerrar su juzgado.

 

LA “MASIVA LIBERACIÓN DE PRESOS” NO EXISTE.

Ante el debate público que se instaló en la sociedad, muchos medios actuaron de manera desafortunada instalado premisas que están muy alejadas de la realidad como: “Plan para liberar presos”.

Según fuentes oficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial, entre el 17 de marzo pasado y el 17 de este mes salieron de las cárceles bonaerenses 2244 presos . De ellos, 1607 fueron liberados por haber cumplido las penas que les fueron impuestas o porque ya estaban en periodo de libertades condicionales. Los otros 637 reclusos recibieron el beneficio del arresto domiciliario. De ese grupo, sólo 439 lo hicieron por pertenecer al grupo de riesgo de contagio de Covid-19.

 

LA SITUACIÓN EN LAS CÁRCELES DE LA PROVINCIA. 

Diferentes organizaciones internacionales como la ONU o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vienen recomendado evitar el hacinamiento en las cárceles para frenar la propagación del coronaviurs dentro de los penales y que ponga en riesgo la vida de los reclusos.

Al día de hoy, las cárceles bonaerenses tienen capacidad para 25mil presos, pero existe una sobrepoblación del doble, siendo 48.827 la cantidad total de reclusos en la Provincia.