El partido en el poder ha fijado una fecha para la próxima sesión especial en el recinto, programada para el miércoles 29 de mayo. Su objetivo es obtener la aprobación, con ajustes, de la Ley de Bases y la de Medidas Fiscales. Estas propuestas deberán retornar a la cámara de Diputados para una nueva evaluación.

Además, la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien ha asumido un papel relevante en las negociaciones, no solo recibió a Guillermo Francos en su despacho, sino que también se reunió personalmente con los senadores, quienes aún muestran discrepancias con los proyectos aprobados por el Senado y solicitan cambios. Mantuvo encuentros con Guadalupe Tagliaferri del PRO, con Martín Lousteau y Maximiliano Abad de la UCR, se comunicó telefónicamente con los representantes de Santa Cruz, José Carambia y Natalia Gadano, y dialogó con algunos gobernadores como Ignacio Torres de Chubut.

El senador Bartolomé Abdala expresó que la vicepresidenta Victoria Villarruel «siempre ha desempeñado ese papel, quizás se destaca más cuando se acerca esta etapa final. Ella inspira mucha confianza y eso es crucial».

Por otro lado, Maximiliano Abad (UCR), quien también lidera el radicalismo en la Provincia de Buenos Aires, comentó que están «trabajando en corregir las desigualdades de base que presenta esta ley y brindar al gobierno los instrumentos que necesita«, agregando: «Necesitamos una ley robusta, predecible y que brinde seguridad jurídica. En un principio, esta ley favoreció a los sectores más adinerados en cuanto a bienes personales y castigó a la clase media con el impuesto a las ganancias, por lo tanto, deben incluirse deducciones«.

Además, señaló: «Dejó fuera del régimen de monotributo social a los sectores de la economía informal, por lo que abogamos por mantenerlo. Esta ley, a través del blanqueo, el impuesto a las ganancias y la moratoria, generará recursos que no solo deben destinarse al pago de intereses de la deuda, sino también para mejorar los ingresos de jubilados, pensionados y financiar la educación pública«. Abad también enfatizó que para asegurar «el financiamiento de las universidades, es necesario mejorar el de las restantes 60 universidades nacionales, no solo el de la Universidad de Buenos Aires».

La UCR, en un comunicado emitido desde el bloque liderado por Eduardo «Peteco» Vischi, planteó lo siguiente: «La educación pública y el federalismo son principios históricos e innegociables de nuestro partido, y en coherencia con ellos, nuestra solicitud al gobierno nacional implica asegurar el funcionamiento integral del sistema universitario. Reiteramos nuestro compromiso sólido y claro en respaldo a las universidades públicas. El entendimiento alcanzado con la administración nacional, a través del ministro del Interior, Guillermo Francos, abarca a todas las universidades nacionales. Cualquier otra interpretación es simplemente falsa».

El Gobierno nacional también ofreció aclaraciones, ratificando «como parte de un acuerdo con el bloque de senadores de la UCR«, la decisión de «asegurar la financiación de los gastos operativos de todas las Universidades Públicas Nacionales del país».

Para reforzar su compromiso, los representantes radicales en la Cámara de Diputados, liderados por Rodrigo de Loredo, han solicitado una sesión especial para este martes con el propósito de debatir todos los proyectos relacionados con el aumento del presupuesto para la educación superior.

Dichas propuestas incluyen iniciativas respaldadas por Romina del Pla (que declara la emergencia presupuestaria de las Obras Sociales de las Universidades Nacionales), Mónica Litza (que busca incrementar y actualizar las partidas para las Universidades), Danya Tavela (que establece un régimen de financiamiento para las Universidades Nacionales), Pablo Carro (que propone bonos de crédito fiscal y garantías de recursos para las universidades), Christian Castillo, Julia Strada (que declara la emergencia presupuestaria para las universidades), Martín Soria (que establece tarifas diferenciales de gas y energía eléctrica para las universidades), y Pamela Calletti (que propone un régimen de protección al financiamiento educativo nacional).

Por otro lado, los negociadores del gobierno en el Senado, Guillermo Francos, Eduardo Lule Menem, José Rolandi y María Ibarzabal, ya están trabajando en la redacción de los nuevos artículos. Se prevé que el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) permanezca vigente para montos a partir de los 200 millones de dólares, pero se equipararán los beneficios fiscales para los proveedores nacionales y extranjeros.

El capítulo relacionado con el Blanqueo de capitales también experimentará modificaciones según las propuestas de los senadores Lousteau, Tagliaferri y Juan Carlos Romero.

En el proyecto de Ley de Medidas Fiscales, se contempla una ampliación de la base imponible para la cuarta categoría del impuesto a las ganancias en la región patagónica del país, tal como lo han solicitado los gobernadores del sur argentino.

Respecto a las privatizaciones de empresas públicas, varios legisladores (Mariano Recalde, María Eugenia Duré, Pablo Blanco, Edgardo Kueider y Carlos Espínola) expresaron sus reservas con respecto a Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino. Además, representantes de Unión por la Patria y la UCR se reunieron con trabajadores de Radio y Televisión Pública para rechazar la privatización de dichas entidades.

La principal bancada de la oposición en el Senado, Unión por la Patria, liderada por José Mayans, continúa expresando sus preocupaciones sobre los proyectos. La senadora Nora Jiménez declaró: «Una ley de esta envergadura, que es esencialmente una reforma constitucional encubierta, debe ser sometida a debate, debe escuchar la voz del pueblo, de la gente común, como ocurre en los plenarios. Nuestra postura es de rechazo, ya que cuanto más analizamos y profundizamos, más convencidos estamos de que esta ley no puede ser aprobada, ya que causaría un gran perjuicio para la Nación argentina».

Por otro lado, el oficialismo confía en lograr la sanción de los proyectos en un plazo aproximado de 15 días. Aunque los libertarios, públicamente, prefieren no hablar de fechas ni plazos, como indicó Juan Carlos Pagotto: «La Libertad Avanza nunca ha establecido un tiempo específico, al menos en el Senado, y es normal que se debata y se dialogue, es el proceso habitual».