La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), reinstaurada por decreto por Javier Milei, quedó envuelta en un nuevo escándalo tras la filtración de un informe interno que detalla tareas de seguimiento sobre opositores, gremios y sectores vulnerables. El material, fechado el 9 de julio, incluyó información sobre protestas previstas, actividades sindicales y hasta actos culturales. Ese día vencía el plazo para la presentación de alianzas en la provincia de Buenos Aires, lo que agregó tensión al contexto político.

La difusión del documento encendió las alarmas en el Congreso y en los tribunales. Martín Lousteau, presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, ya confirmó que citará a los integrantes del cuerpo para tratar el tema. Desde Unión por la Patria preparan una denuncia penal y se sumaron a los cuestionamientos públicos.

La SIDE fue reconfigurada bajo el gobierno de Milei y pasó a contar con cuatro áreas principales. El informe habría sido elaborado por la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), estructura inspirada en la NSA estadounidense y encabezada por el excomisario general Alejandro Cecati. Este funcionario ya había sido mencionado en la causa por el espionaje a familiares del ARA San Juan, donde Mauricio Macri lo defendió públicamente.

El reporte incluye menciones a figuras como Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Facundo Manes y Néstor Grindetti. También aparecen gremios como la CGT, la CTA, el sindicato del neumático y trabajadores de Vialidad Nacional, además de agrupaciones de jubilados y personas con discapacidad. El alcance de la vigilancia generó inquietud entre diversos espacios políticos, sindicales y sociales.

“No, es simplemente una violación a la Ley de Inteligencia”, respondió la exinterventora de la AFI, Cristina Caamaño, ante la consulta sobre la legalidad de reunir información sobre sectores que desarrollan actividades lícitas.

El artículo 4° de la Ley 25.520 prohíbe expresamente a los organismos de inteligencia obtener o almacenar datos de personas en función de su opinión política o su pertenencia a partidos, gremios u organizaciones sociales. Tampoco admite el seguimiento ni siquiera si se realiza mediante fuentes abiertas. “En cualquier caso, es una violación flagrante de la Ley de Inteligencia”, sostuvo Agustín Rossi, quien también estuvo al frente de la AFI.

La polémica cobró mayor fuerza cuando se conoció que el parte de inteligencia registraba encuentros privados, como una reunión entre Manes y Grindetti. El neurocientífico, que días antes ya había presentado una denuncia contra Santiago Caputo por un episodio en el Congreso, amplió la acusación judicial e incluyó este nuevo hecho. “La SIDE comenzó a elaborar reportes sobre las actividades y movilizaciones de líderes políticos, sociales y sindicales, pero con una salvedad: no reporta datos sobre La Libertad Avanza ni sobre funcionarios nacionales”, denunció.

En redes sociales, el diputado Pablo Juliano, alineado con Manes, también alzó la voz. “Están espiando opositores con tu plata. Desde el año pasado venimos alertando sobre el uso de la SIDE como herramienta de persecución. Esto es inadmisible en democracia”, escribió.

Desde la provincia de Buenos Aires, el ministro de Gobierno Carlos Bianco advirtió que evalúan una denuncia penal. “Esto es una violación flagrante de la Ley 25.520. No se pueden almacenar datos de funcionarios, gremialistas o militantes por su opinión política o por desarrollar una actividad lícita”, señaló. También recordó que esta semana presentarán ante la Corte Suprema un nuevo reclamo por fondos previsionales adeudados por Nación. “Milei ajusta a las provincias, desfinancia al Garrahan y al mismo tiempo usa la SIDE para perseguir opositores”, sostuvo.

El diputado Leopoldo Moreau volvió a expresarse con dureza: “Estamos hartos de los insultos de Milei, de la represión que lleva adelante la mercenaria de la violencia Patricia Bullrich y del espionaje y la persecución política. No vamos a naturalizar estas prácticas”.

Mientras la SIDE es conducida formalmente por Sergio Neiffert, un dirigente cercano a Santiago Caputo, distintas denuncias apuntan a que el Plan de Inteligencia Nacional permitiría el seguimiento de opositores, periodistas y hasta ambientalistas. A fines de mayo trascendió una directiva firmada por Diego Kravetz, jefe de Operaciones del organismo, que instruía el monitoreo de sectores sociales vulnerables.

Según el CELS, estas prácticas ya motivaron una denuncia en Comodoro Py, actualmente en manos del fiscal Guillermo Marijuan. El caso se tramita bajo secreto de sumario, aunque el organismo de derechos humanos ya advirtió que no se trata de hechos aislados.

“El Presidente debe aclarar en forma urgente qué están haciendo sus servicios de inteligencia”, declaró la diputada Myriam Bregman, quien también cuestionó el uso del concepto de “sedición” por parte del Gobierno para justificar el control sobre las protestas sociales. “Es una práctica habitual que gobiernos que se encuentran en crisis, con internas y con una oposición social creciente se recuesten sobre el espionaje político queriendo anticipar las jugadas, viendo conspiraciones por todos lados. Esto creo que es lo que está pasando con Milei. Eso no le quita gravedad, sino que le suma”, opinó.

En medio del revuelo, un hecho paralelo añadió tensión: la filtración de un video donde el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona ofrece sus servicios a un polémico personaje norteamericano al que la propia Patricia Bullrich había señalado como abusador. El episodio amplificó las críticas hacia el oficialismo.

Mientras crece la presión política, los ojos del Congreso están puestos en la reunión de la Comisión Bicameral, que podría convertirse en la primera respuesta institucional ante una crisis que vuelve a exponer el uso del aparato estatal para espiar al adversario.