El Gobierno nacional confirmó este jueves la salida de Luis Pierrini de la Secretaría de Transporte, una decisión que tomó por sorpresa incluso dentro del propio oficialismo. El funcionario había asumido en mayo del año pasado, tras la dimisión de Franco Mogetta, y cerró su ciclo apenas ocho meses después. Según el comunicado oficial, presentó su renuncia «por motivos personales».

Según publicó el medio La Política Online, el exsecretario habría sido desplazado por el ministro de Economía, Luis Caputo, luego de avalar un presunto fraude de 30 mil millones de pesos anuales relacionado con el uso de la tarjeta SUBE por parte de la empresa de colectivos La Nueva Metropol. Desde el Gobierno no hubo confirmación oficial sobre esta versión.

Aunque Pierrini intentó justificar su salida alegando «motivos personales», puertas adentro del Gobierno la decisión ya estaba tomada. La acusación apunta a una maniobra atribuida a la empresa de colectivos de la familia Zbikoski, que habría provocado un daño de aproximadamente 3 mil millones de pesos mensuales durante la gestión del exsecretario.

La denuncia penal que destapó el caso fue presentada por la Asociación Arco (Arco Social) contra Caputo y el entonces secretario de Transporte, por «presuntas maniobras irregulares en el sistema de subsidios al transporte automotor de pasajeros en el AMBA», que habría consistido en modificar de manera deliberada las validaciones de la tarjeta SUBE, asignando viajes cortos como si fueran recorridos más largos.

Esa alteración permitía cobrar compensaciones (algunos empresarios utilizan esta palabra a contraparte de «subsidio») mucho más altas, sin que existiera un aumento real de pasajeros ni de kilómetros recorridos. 

Caputo echó al secretario de Transporte tras una denuncia por corrupción en subsidios por 30 mil millones

Cuatro cámaras empresarias del sector presentaron una denuncia conjunta y aseguran que el dinero extra percibido por una empresa sale de la misma bolsa que financia a todo el sistema. Por eso, más allá de la competencia comercial, el conflicto escaló a nivel judicial y podría terminar en una causa penal impulsada por los propios empresarios.

El trasfondo del escándalo se vincula con un cambio normativo impulsado por el Gobierno a fines de 2024, que modificó la forma de calcular los subsidios. A partir de entonces, el foco pasó de la oferta del servicio a la demanda real de pasajeros, utilizando datos del sistema SUBE. Ese esquema hizo que los boletos de recorridos largos generen compensaciones estatales mucho mayores que los trayectos cortos.

Según la acusación, la clave del negocio estaba en entregar boletos de mayor valor para viajes breves, lo que duplicaba o triplicaba el monto a compensar por el Estado. La Nueva Metropol rechaza esa versión y sostiene que se trata de una vendetta empresarial, pero la denuncia ya instaló el tema en el centro del debate y puso bajo la lupa el manejo de los subsidios al transporte.

Alejandro Sebastián Díaz Pascual, integrante de Arco Social, sostuvo que ya en diciembre de 2025 existieron «advertencias técnicas formales» realizadas por cámaras empresarias del sector ante la Secretaría de Transporte, sin que se adoptaran «medidas correctivas o de auditoría efectivas». La investigación fue revelada por el diario LA NACION, mientras que desde La Nueva Metropol rechazaron las acusaciones y apuntaron contra el Grupo Dota, al que acusan de impulsar la denuncia por intereses empresariales.

Caputo habría contado con el respaldo de Karina Milei para avanzar con el desplazamiento y, tras este episodio, buscaría ampliar su control sobre áreas sensibles del transporte, en particular el sector aerocomercial. En ese frente, crecen las críticas por la falta de respuestas oficiales ante la crisis operativa de la aerolínea Flybondi, situación que dentro del Gobierno ya es considerada insostenible.