El Consejo de la Magistratura cerró el expediente disciplinario contra los jueces que participaron del polémico viaje a la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido. Por seis votos contra cuatro, el cuerpo decidió no avanzar con el análisis del caso, a pesar de las numerosas denuncias que se acumularon por presunto cohecho y aceptación de dádivas.

La votación se definió por el respaldo de los consejeros jueces y el apoyo clave del senador radical Eduardo Vischi. Acompañaron la moción de archivo Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero, Alejandra Provítola, Alberto Lugones, el académico Hugo Galderisi y el propio Vischi. Rechazaron la decisión César Grau, presidente de la Comisión de Disciplina, y los representantes legislativos Mariano Recalde, María Inés Pilatti Vergara y Luis Juez.

Galderisi defendió su postura y argumentó que lo guiaba “la búsqueda de justicia y no el titular rimbombante y avieso de un periódico”. “No podemos juzgar en base a editoriales”, afirmó durante la sesión.

Los consejeros que votaron por el cierre de la causa se ampararon en el fallo del juez federal Sebastián Ramos, quien archivó la investigación penal al considerar que la información que dio origen a la denuncia había sido obtenida de manera ilegal. Según Lugones, “no se puede convertir en legal lo que es ilegal”.

El expediente surgió por un viaje realizado entre el 13 y el 15 de octubre de 2022, en el que participaron los jueces Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials y Carlos Mahiques. También estuvieron presentes el exministro porteño Marcelo D’Alessandro y el procurador de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques.

Vanesa Siley, diputada nacional por el PJ e integrante del Consejo, se opuso con dureza. “Acá nadie habla de los hechos. Si hay un ciudadano siguiendo esta audiencia se puede preguntar de qué estamos hablando”, señaló. Luego agregó: “Estamos hablando de cuatro jueces federales que los hechos dicen que aceptaron un viaje pago de tres días, un fin de semana largo, al hotel del empresario Joe Lewis en Lago Escondido. Pagó el transporte, la estadía, lo que fue consumido allí. Luego según lo planteado intentaron fraguar este viaje pago diciendo que lo habían pagado de su propio bolsillo y se pusieron en campaña para buscar facturas truchas que acreditaran sus gastos. Estos son los hechos. Y nadie habla de esto. Estamos con eufemismos para no contar los hechos”.

La denuncia original se basó en registros de comunicaciones obtenidas del teléfono de D’Alessandro. Los audios, que se conocieron públicamente, mostraban a los participantes del viaje coordinando el encubrimiento de los gastos con facturas apócrifas.

En su intervención, Siley insistió en que el Consejo no debía evaluar la existencia de un delito, sino la conducta ética de los magistrados. “Acá lo que tenemos que ver es si es ético que una empresa, el grupo Clarín, pague un viaje, y a los meses se resuelva una causa que beneficia al grupo, como el caso de Cayssials, que favoreció a Telecom”, expresó. Luego concluyó: “Un juez puede no haber sido declarado culpable de cometer un delito y sin embargo ser removido de su cargo o ser sancionado”.

El diputado Rodolfo Tailhade también criticó la decisión. “La vergüenza de esto no tiene límites. No se ha desvirtuado la acusación que tienen los jueces. La causa se terminó porque se anuló. Pero no quedan sin sustento los cuestionamientos sobre la falta ética y moral de los magistrados”, sostuvo. Recordó además antecedentes similares: “Por ejemplo, se cargaron a Freiler con la causa penal fenecida. Se cargaron a un camarista penal. Claro que estamos para discutir esto. ¿Dónde si no nos vamos a enterar de las cosas? Lo que es bochornoso es que se explicite tan claramente la voluntad de impunidad para proteger a estos jueces”.

Según el dictamen desestimado, las conductas investigadas afectaban “la imparcialidad e independencia, así como la honestidad e idoneidad ética” que la Constitución exige a los jueces. La Fiscalía de Bariloche había advertido que las facturas por la estadía fueron emitidas mucho después del viaje, a nombre de funcionarios judiciales, y no de los empresarios o particulares que los acompañaron.

El juez Barroetaveña justificó su decisión: “Sabemos desde el comienzo que hay denuncias totalmente infundadas”. Dijo haber firmado el dictamen de cierre “convencido de que es fundado y que está bien la decisión”.

A pesar del archivo, el escándalo dejó expuestas las diferencias internas en el Consejo y reavivó el debate sobre la responsabilidad ética de los magistrados.