Una vez más, y como suele suceder cuando en la Argentina gobierna un espacio de corte neoliberal, se puso sobre la mesa la discusión de una reforma laboral. El Presidente de la Nación, Javier Milei, intentará aplicar una reforma a través de una ley, luego de que la Justicia le frenará con una cautelar la flexibilizaciones que implementó en esa materia con el cuestionado mega DNU para desregular la economía domestica.

Dicha discusión trajo diferencias entre las filas sindicales, incluso en el clan de la familia Moyano. “El que niega la realidad de la crisis sistémica del mercado laboral argentino es cómplice de esa crisis”, se preguntó Facundo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Peajes.

Dicha premisa choca de frente con las posturas de su hermano, Pablo, actual secretario adjunto de Camioneros,  Hugo, el padre de de ambos y principal dirigente de de dicho sindicato. Tanto Pablo como Hugo se niegan a cualquier tipo de flexibilización laboral. Pero la realidad les impuso dar algunas concepciones: aceptaron incluir por primera vez una cláusula para lograr una mayor productividad en las ramas de logística y correo que establece una jornada flexible de 4 días y 3 francos, con 2 días de trabajo en sábado y domingo, hasta ahora de descanso intocable.

En rigor, Camioneros terminó consintiendo que trabajadores que ganan sueldos por debajo de la línea de pobreza, de unos 400 mil pesos, puedan mejorar sus ingresos cumpliendo tareas los fines de semana (”percibirán los ítems de comida y viático especial más la correspondiente incidencia de los adicionales por rama con un incremento del 20 por ciento”, dice el acuerdo firmado). Esa decisión, además, beneficiará a los miles de compradores de productos que se venden online y quieren recibirlos el sábado o el domingo.

Hugo Moyano rechazaba de manera tajante esta posibilidad antes de la pandemia. Tuvo que rendirse ante la nítida evidencia que las necesidades del mercado imponen muy diferentes a los convenios laborales de hace 40 años.

Facundo Moyano, muy al contrario de las postura de su hermano y su padre, habla de animarse a debatir una “adecuación laboral”, que es como una reforma, pero sin esa palabra maldita que quedó erróneamente asociada con lo salvaje.

Vale recordar que el ex diputado nacional viene proponiendo un debate sobre este tema desde 2020 y no tuvo éxito en su pedido. Mucho menos para democratizar y transparentar las elecciones sindicales, tema sensible que ahora el propio Milei volvió a sacar a la superficie.

Facundo Moyano ya logró el apoyo al debate por parte de gobernadores del PJ como Raúl Jalil (Catamarca) y Claudio Vidal (Santa Cruz) o intendentes como Fernando Gray (Esteban Echeverría) o Gastón Granados (Ezeiza).

La Casa Rosada busca incluir la reforma laboral entre los puntos por acordar con los gobernadores como parte del Pacto de Mayo que anunció Milei. En el equipo laboral libertario aseguran que Milei no quiere resignarse a que todos los cambios contemplados en el DNU 70 no tengan vigencia legal y deslizan que en el Gobierno siguen con especial interés un proyecto de ley presentado esta semana en el Congreso por la diputada nacional del PRO Verónica Razzini.

Se trata de la ex presidenta del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) y dueña de una empresa de distribución de materiales de construcción en Rosario que en 2021 fue bloqueada durante tres meses por activistas del Sindicato de Camioneros. Ahora, desde su flamante banca, Razzini promueve la sanción de una iniciativa cuyo texto es un espejo de la reforma laboral contenida en el DNU y en la ley ómnibus, y que está ganando adhesiones en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, en las filas libertario admiten que aún no está redactado ningún proyecto en favor de la democracia sindical y la transparencia de sus comicios internos, tal como anunció el Presidente al inaugurar el período de sesiones ordinarias del Congreso, cuando incluyó ese punto en el paquete de leyes “anti-casta” que promueve.