El archivo le jugó una mala pasada a la líder de la Coalición Cívica. Sucede que militantes de organismos de Derechos Humanos que presenciaron el debate distribuyeron un proyecto de declaración que manifestaba “honda preocupación y enérgico repudio” a un fallo de la Corte Suprema de Justicia que daba marcha atrás con la decisión de realizar extracción compulsiva de ADN a una hija de desaparecidos, en 2003. Entre los firmantes Elisa Carrió, ahora una de las más férreas opositoras a la norma aprobada por los diputados.

La polémica entre Carrió y las asociaciones defensoras de Derechos Humanos se desató cuando la chaqueña sostuvo que el proyecto era para “perseguir” a la dueña del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, por la adopción de sus dos hijos. A raíz de esa posición, Carrió fue expulsada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y en ese ámbito es considerada persona no grata.

En tanto, el miércoles, con negociaciones intensas a último momento y posturas divididas dentro de los propios bloques, la Cámara de Diputados dio media sanción a dos sensibles proyectos de ley que buscan acelerar la recuperación de la identidad y que eran reclamados por las organizaciones de derechos humanos para los casos de hijos de desaparecidos.

Las iniciativas enviadas al Congreso por Cristina Fernández establecen la obtención obligatoria –aunque por métodos “menos lesivos”– de muestras de ADN y la creación de un banco genético nacional.