Unos diez mil trabajadores y trabajadoras estatales del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) estarían en riesgo tras el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, respecto de que «no se renovarán los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia». El cálculo lo realizó el gremio ATE Capital a raíz de la consulta de Página/12 y se basa en los datos de la Base Integral de Empleo Público (BIEP) que depende de la Jefatura de Gabinete.

Caputo justificó la metodología del ajuste –el despido de los trabajadores con contratos de menos de 12 meses– en que «incorporar familiares y amigos antes de la finalización de un término de mandato es una practica habitual en política». «No compartimos esa cuestión moralista de decir que todos los que entraron en el último año son por la política, se trata de compañeros trabajadores que no merecen ser maltratados de esa manera”, respondieron desde ATE.

De esos diez mil cuyo puesto de trabajo está en riesgo, hay un universo que si bien fue contratado como planta transitoria en 2023 en alguno de los ministerios u organismos descentralizados del Estado nacional, ya trabajan desde tiempo antes con otros métodos de contratación, en su mayoría como monotributistas, por lo que desde el gremio plantean que habrá una discusión sobre la letra fina del recorte anunciado por el ministro. Lo mismo respecto de quienes ingresaron como parte del cupo trans o por el cupo reservado para personas con discapacidad, que están amparados por leyes vigentes. La estimación es que se trata de un universo de unos 4 mil trabajadores.

“Hay un montón de trabajadores que fueron contratados por distintas modalidades, por lo que habrá que ver a qué se refiere Caputo con el último año. Hay muchos compañeros que figuran contratados este último año pero lo que sucede es que cambiaron de modalidad de contratación, así que esperamos, de mínima, que no haya una lectura lineal de la situación por parte del nuevo Gobierno», precisaron desde el gremio.

«Venían a terminar con la casta pero reducen todo menos sus propios sueldos. En el Estado somos todos laburantes que viven de su salario. No vamos a aceptar ningún despido», aseguró el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, en respuesta al anuncio del ministro.