La desregulación del mercado inmobiliario tras la derogación de la Ley de Alquileres profundiza la crisis habitacional y la inseguridad alimentaria.
El último informe del INDEC reveló que la inflación interanual de 2025 alcanzó el 31,5% a nivel nacional. Sin embargo, los alquileres subieron muy por encima de ese promedio en todo el país. Mientras que en el AMBA el aumento fue del 70%, en la Patagonia los precios escalaron hasta un 120% anual.
Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, vinculó esta brecha con la derogación de la Ley de Alquileres mediante el DNU 70/2023. Según el referente, la falta de límites legales permite que los propietarios impongan condiciones y precios excesivos. “No hay ningún tipo de límite para el precio de los alquileres, las actualizaciones, las condiciones ni los plazos y, por lo tanto, eso opera a favor de que los dueños puedan aumentar los precios muy por encima de la inflación, que es lo que siempre buscaron”, expresó.
La Encuesta Nacional Inquilina muestra que la inestabilidad habitacional se ha profundizado tras los cambios normativos. El 65% de los hogares enfrenta ajustes trimestrales o cuatrimestrales, abandonando el esquema previo de aumentos anuales por ICL. La mayoría de los contratos actuales tienen una duración de solo dos años o incluso menos.
El costo de la vivienda impacta directamente en la alimentación y la salud de las familias argentinas. El 60% de los inquilinos debió recortar su consumo de comida y solo el 38% logra realizar cuatro comidas diarias. Además, el 52% de los consultados se vio obligado a resignar gastos médicos básicos.
El endeudamiento se volvió estructural para el 68% de quienes alquilan, utilizando tarjetas de crédito para comprar alimentos. Casi la mitad de los inquilinos tiene más de un empleo para cubrir los costos de vida. Un 25% de los hogares destina entre el 60% y el 100% de sus ingresos al alquiler.
Como consecuencia de esta presión económica, uno de cada seis hogares ya atravesó una situación de desalojo. La precarización laboral también creció, con un 15% de desocupación entre los encuestados. El panorama actual refleja una crisis donde el acceso a la vivienda digna se vuelve cada vez más inaccesible.
