Primero el macrismo se había resistido. Las organizaciones sociales lograron el aval del Senado y presionaron al gobierno nacional. Luego, el Estado y las organizaciones negociaron y llegaron a un acuerdo. Finalmente, se aprobó en ambas cámaras la Ley de Emergencia Social.

Al no ser una medida técnica, sino social, no es simple su reglamentación. Por eso, este martes comenzaron las mesas de diálogo para avanzar en su implementación. Sobre todo, en la creación del "Consejo de la Economía Popular y el Salario Social y el Registro Nacional de la Economía Popular (Renatrep)".

La letra de la norma indica que el Consejo estará integrado por un representante de los ministerios de Desarrollo Social, Trabajo y Hacienda, y tres miembros de las organizaciones sociales. Por lo que pudo sondear este diario el representante del ministerio que maneja Carolina Stanley sería Matías Kelly, actual titular de la Unidad Ejecutora de Ingreso Social. Pero, también de acuerdo a ese sondeo, se agregarían otros actores: la Iglesia, que participó activamente para sacar la Emergencia Social, y académicos vinculados a la temática económica social, algo hasta ahora novedoso.

Tanto las organizaciones sociales como Desarrollo Social comparten "la idea de que el Consejo se amplíe" y que incluso "participen la mayor cantidad de organizaciones". Analizan que podrían tener voz todos aquellos participantes pero voto solamente aquellas inscriptas en el Registro del Ministerio de Trabajo.

"Con la Emergencia Social no se puede actuar con mezquindad, no se puede discriminar. Las organizaciones, no importa su tamaño, tienen que tener un lugar para ser parte activa de las políticas públicas que reemplacen planes por trabajo. Seguramente será un proceso gradual largo", expresó Fernando "Chino" Navarro, diputado del Movimiento Evita.

Desde Desarrollo, en cambio, dicen "no todo es otorgar 4.000 pesos y dar por solucionado el tema". Y agregan: "Tal vez podríamos regionalizar la economía: no es lo mismo un emprendedor en el Chaco que en la Patagonia. Necesitan distintos recursos y herramientas, por ejemplo". Y agregan un dato: "Un sondeo nos puede decir que en ciertas zonas hay pescadores que venden directo a las factorías y en otras a un distribuidor totalmente en negro. A estos últimos se los podría incluir en el monotributo social" y sería una manera de avanzar en la lucha contra la precarización.