Por Juan Grabois

Es un hecho histórico que el movimiento obrero organizado haya tomado como prioridad un reclamo del segmento más empobrecido de los trabajadores. También es auspicioso para la democracia que gran parte de las fuerzas políticas en el parlamento levante la agenda de los excluidos. Sin embargo, casi todos los medios de comunicación y el gobierno nacional presentan nuestro proyecto como una “expresión de deseos” o la reducen a una maniobra de opositora para perjudicar al presidente. Paradójicamente, la multitudinaria movilización de ayer también recibe críticas de cierto progresismo que desde la comodidad del despacho nos acusan de no atacar las causas estructurales o ser demasiado pacientes con el gobierno.

La argumentación de los detractores de la más significativa protesta popular de los últimos años es, en ambos casos, endeble y serviría como material para un curso sobre falacias argumentativas. En general, combina una catarata increíble de ataques personales con teorías conspirativas, un toque de malas matemáticas y algunas diatribas de intelectualoides. Para responder los cuestionamientos al proyecto, intentaré evitar el argumentatum ad hominem que ha secuestrado el debate público e incluso se cuela peligrosamente en los tribunales atentando contra el principio republicano elemental de juzgar en base a la valoración objetiva de los hechos y no la percepción subjetivas sobre los ciudadanos.

Reconozco que es difícil no quedar atrapado en pequeñas rencillas cuando el derecho a la dignidad personal y el prestigio de las organizaciones comunitarias se mancillan tan impunemente. En las últimas horas me tocó ser difamado por la elegante pluma de Pagni que me acusa de realizar gestiones bajo los auspicios del Papa y de un grotesco montaje en Canal 13 interpretado por un ex policía corrupto, puntero del PRO, disfrazado de cartonero. Se trata de mentiras de la más baja calaña que, al igual que los etiquetamientos del reduccionismo bipolar, sólo buscan diluir las discusiones de fondo. La centralidad del carpetazo parapolicial en el debate público hacen daño y no sólo a quienes las sufrimos: el conjunto de la sociedad y la convivencia democrática se deterioran cuando la lucha de ideas se transforma en una competencia histérica de bajezas.

Volviendo al tema central, vale la pena repasar algunos de los sofismas que se emplean para atacar nuestra propuesta. Una falacia reiterada es la apelación al ridículo. Cuando desde la Casa Rosada se preguntan con ironía “¿Por qué no sacamos una ley para prohibir la pobreza?” (Cf. Clarín) trasmutan lo que hace pocos meses fuera una promesa esencial en la campaña del oficialismo en un disparate de las organizaciones populares. Sin embargo, los recursos para que ninguna familia tenga ingresos inferiores a los 13 mil pesos mensuales necesarios para no ser pobre existen aquí y ahora. No hay que tener un posgrado en Harvard: hay que saber sumar y restar y entender que uno de cada dos pesos que entran a un hogar humilde uno queda en el barrio. En el peor de los casos, se requiere partidas adicionales que representan menos del 1% del presupuesto nacional. Los pobres bien lo valen.

Asimismo, hay que destacar que de aprobarse la ley, el ejecutivo tiene las facultades reglamentarias para determinar mecanismos trasparentes para la creación progresiva de un millón de puestos de trabajo en pequeñas obras de infraestructura (de pico y pala) que además permitirán la integración urbana de los barrios segregados. Complementar los ingresos de las aproximadamente dos millones de familias bajo la línea de pobreza no requiere milagros sino medidas redistributivas totalmente viables. Además de hacer más eficiente la ejecución de un presupuesto social feudalizado y mal administrado, es de estricta justicia la creación de nuevos gravámenes para productos productos dañinos como los fast food, el cigarrillo y la cerveza, los “servicios” destructivos como el juego y la timba financiera, la exportación de nuestra riqueza mineral y agropecuaria, las actividades potencialmente contaminantes como la generación de envases o los ingresos de los magistrados que gozan del privilegio incomprensible de no pagar impuestos. También sería fundamental comenzar a recaudar no sólo de los ingresos o el consumo sino de la riqueza acumulada: las herencias y los grandes propietarios inmobiliarios, sobre todo los que encanutan los bienes con fines especulativos. Desde luego, cortarla un poco con el show y empezar a recuperar algunos de los miles de millones que se fueron en corrupción política y empresarial. Eso no sólo serviría para recaudar lo necesario sino que restablecerían cierto sentido de equidad en la Argentina.

Otro argumento contra nuestro proyecto es la construcción ideológica que deriva de la siguiente premisa “la generación de empleo de calidad requiere inversiones privadas y no financiamiento público”. Más teoría del derrame. La realidad, sin embargo, es superior a la idea. En ningún país del planeta el mercado absorbe la totalidad de la oferta laboral y la tendencia se agudiza constantemente. En ese marco, la discusión sobre un ingreso mínimo garantizado está reverdeciendo en muchísimos Estados y los principales organismos internacionales. Para los que gustan del argumentatum ad baculum de corte eurocéntrico, tenemos propuestas en este sentido en la ultraconservadora Polonia o en la Grecia de Syriza, ni que hablar de los países escandinavos que lo aplican bajo distintos nombres, aunque la idea viene de lejos, al menos del siglo XVIII cuando la planteó el norteamericano Thomas Paine como “dividendo ciudadano”. Por ahí ese founding father de la gran nación del norte también sea un “contador creativo” para usar la expresión de Jorge Lanata.

Nuestro enfoque particular es asociar esta discusión con la valoración de nuevas formas de trabajo en un mundo donde el mercado laboral se contrae cada vez más como producto del paradigma tecnocrático imperante. Nuestra propuesta de salario social es un reconocimiento económico a formas alternativas de productividad humana que nosotros denominamos economía popular. Es la actividad libre, creadora, social y ambientalmente positiva que desarrollan los sectores populares en sus hogares, barrios, cooperativas y comunidades de base, ya sea por iniciativa propia o por impulso del Estado. Es imprescindible recuperar el sentido de la participación colectiva en de la vida social a través del trabajo y terminar con la fábula que nos divide en “hormigas” que viven de su esfuerzo en los hormigueros urbanos y “cigarras” que se aprovechan de ellas en las villas conurbanas.

Desde la izquierda de cafetín se ha criticado nuestra propuesta porque "no aborda los problemas estructurales" y hasta una agrupación que hasta hace doce meses controlaba todos los resortes del Estado nos acusa de complicidad con éstas, como si las estructuras injustas se creasen en 11 meses de mal gobierno. Sería bueno recordarles que las estructuras socioeconómicas que creó Perón entre el 45 y el 55 fundadas en la promoción de un movimiento obrero poderoso y un pueblo unido con el cemento de millares de organizaciones comunitarias vencieron al tiempo y los embates de peores gobiernos que el de Mauricio Macri hasta que el neoliberalismo, no sin ingentes esfuerzos, pudo desmantelar nuestra Patria con una guerra prolongada y en cuotas. Si las estructuras que se montaron en los doce años que separan el 2003 del 2015 fueron tan sólidas no se entiende como en once meses un gobierno democráticamente electo las ha hecho pelota tan fácilmente. La soberbia es mala consejera.

Que el proyecto de emergencia social no ataca las causas estructurales ni plantea salidas de fondo es una obviedad tal que no requiere la iluminación de la sociología trosquista ni la clase magistral de su inesperada discípula santacruceña que descolló en el Senado ilustrándonos sobre la diferencia entre “trabajadores” y “sujetos de derechos”. El propio nombre del proyecto indica el reducido alcance de nuestra propuesta: paliar una emergencia que causa enormes sufrimientos a un tercio de nuestro pueblo en esta difícil coyuntura que se suma a todas las injusticias estructurales que arrastramos. Los pobres no pueden esperar. Con todo, hay que reconocerlo: aún dentro de nuestra Confederación tenemos discusiones propias de un simposio de emergentología ¿Tenemos que poner la fuerza sólo en el proyecto de ley o también en el bono navideño para pasar diciembre y evitar que las mafias narcopoliciales se monten en la miseria para utilizar a nuestros vecinos como carne de cañón en la muy realista perspectiva de una ola de saqueos? ¿Es tan banal reclamar que nuestros compañeros pasen una navidad feliz junto a sus familias después de un año tan duro?
Desde mi punto de vista, atender tanto las urgencias como las causas estructurales no es sólo compatible sino inevitable. La separación entre los propietarios de las grandes orientaciones políticas que pretenden con una soberbia indignante comandar por control remoto hacia donde deben dirigir sus columnas las masas populares organizadas y los giles que nos ganamos algún respeto entre las bases porque andamos hace años pateando las barriadas para ponerle el hombre a las necesidades de los humildes es una de las causas de la crisis de representatividad que se agudiza en el campo popular. Trabajar en lo cercano pero con una perspectiva más amplia es un método que suele acercarnos más a realizaciones concretas que las recetas mágicas del progresismo hipócrita o al emparchamiento constante del asistencialismo burocrático. Nuestro “cercano” es la emergencia social; nuestra “perspectiva” es el programa de las tres T que combina reforma agraria, integración urbana y dignificación laboral, nuestro método es practicar la democracia cotidianamente a partir la participación protagónica de los trabajadores y los humildes en la lucha reivindicativa por el pan cotidiano y en la perspectiva de una transformación profunda que permita recuperar la Justicia Social en la Argentina.