La pelea entre Elisa Carrió y Germán Garavano podría sumar un nuevo capítulo de tensión. La diputada de la Coalición Cívica impugnó el pliego de Sebastián Diego Argibay como juez federal de Santiago del Estero y lo acusó de estar vinculado con el narcotráfico y responder al gobierno provincial. La presentación, efectuada el 23 de octubre pasado, podría tener otros ribetes: en el entorno de la legisladora aseguran, además, que el magistrado fue promovido por el ministro de Justicia, con quien mantiene un duro enfrentamiento que incluyó un pedido de juicio político.

La historia comenzó cuando el poder Ejecutivo envió el mensaje Nº 171/18, a través del que solicitó acuerdo para designar a Argibay como titular del juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Santiago del Estero, lo que provocó la reacción de Carrió: ante la Cámara de Senadores elevó un pedido para dar marcha atrás con la medida al considerar que el magistrado «no es una persona idónea» para el cargo. Entre otras cuestiones, lo acusó de responder al gobernador Gerardo Zamora.

En la terna del concurso del Consejo de la Magistratura de la Nación (310), Argibay competía con Ana Rosa Rodríguez (147,75 puntos) y Patricia Moltini (138 puntos). El magistrado en cuestión se ubicaba en el tercer lugar de la terna con 138 unidades. El Gobierno terminó inclinándose por él. «La decisión se tomó en consenso con la mesa chica de la Casa Rosada. No hay terceros, todos tenían las mismas posibilidades. Se pusieron en consideración sus antecedentes», aseguraron fuentes del Ministerio de Justicia.

En el escrito dirigido al senador Rodolfo Julio Urtubey, presidente de la Comisión de Acuerdos, Carrió aseguró que el actual presidente del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero «en nada garantiza la independencia del Poder Judicial Federal de la Provincia«. Es que para la diputada, Argibay tiene marcados vínculos con el gobernador Gerardo Zamora.

El documento al que accedió este medio señaló que en 2013 Argibay favoreció a Zamora con una fallo que le permitió ir en busca de un tercer mandato pese a que la Constitución de Santiago del Estero se lo impedía. Lo hizo, siempre según el escrito, al confirmar -como presidente del Superior Tribunal de Justicia- una resolución de la jueza Andrea Suárez que declaró inconstitucional una cláusula transitoria que prohibía una nueva gestión del mandatario tras haber estado en funciones entren 2005-2009 y 2009-2013.