Con pagos por más de US$4200 millones a la vuelta de la esquina y un nivel limitado de dólares disponibles, el equipo económico aceleró gestiones de financiamiento en un contexto internacional que abrió nuevas expectativas tras los cambios políticos en Venezuela.
La captura de Nicolás Maduro alteró el clima político regional y concentró la atención de los mercados. En la Argentina, el impacto inmediato se reflejó en la expectativa por la reacción financiera de este lunes. El foco central se ubicó en el compromiso que el Tesoro afrontó el 9 de enero, con vencimientos de deuda por US$4216 millones entre capital e intereses.
Los registros oficiales mostraron que el Ministerio de Economía contó con menos de US$2000 millones depositados en el Banco Central, una cifra insuficiente para cubrir la totalidad del pago. Esa brecha obligó al ministro Luis Caputo a acelerar alternativas de financiamiento para reunir los dólares faltantes y evitar tensiones sobre el programa cambiario.
Parte de los fondos ingresaron con la colocación del bono en dólares AN29, que aportó US$910 millones. A ese ingreso se sumaron recursos previstos por operaciones extraordinarias, como la privatización de activos energéticos. Sin embargo, el monto total no alcanzó para despejar el escenario y mantuvo abiertas otras vías de financiamiento.
En los despachos oficiales avanzaron negociaciones para cerrar un préstamo tipo repo con bancos internacionales. También quedaron sobre la mesa los swaps de monedas con Estados Unidos y China. En paralelo, el Gobierno habilitó movimientos internos para mejorar la posición financiera. Un canje con el Banco Central permitió reemplazar bonos en pesos indexados por títulos en dólares, con el objetivo de allanar el acceso a crédito externo por hasta US$7000 millones.
El contexto internacional sumó un elemento adicional. Operadores de Wall Street evaluaron que los cambios políticos en Venezuela podrían mejorar el humor inversor sobre la región. El riesgo país venezolano cerró en 12.645 puntos básicos, el más alto del mundo, mientras otros países latinoamericanos mantuvieron indicadores muy inferiores. En ese escenario, algunos analistas consideraron posible una nueva emisión de deuda argentina a corto plazo para cubrir el faltante final.
Otro factor que el mercado observó fue la relación política entre Javier Milei y Donald Trump. En el Gobierno destacaron que el Presidente argentino cuestionó de forma abierta al régimen venezolano y recibió a Edmundo González tras las elecciones desconocidas por Caracas. Ese alineamiento reforzó expectativas de respaldo financiero indirecto.
Los vencimientos del 9 de enero incluyeron diferencias clave. Los bonos de legislación extranjera exigieron que los dólares estuvieran disponibles un día hábil antes del pago, ya que el giro se canalizó a través del agente de pago internacional. Los títulos de legislación local siguieron un circuito distinto y se abonaron mediante Newcastle y Caja de Valores, con mayor margen operativo.
Según datos oficiales, US$2567 millones correspondieron a bonos Globales y US$1649 millones a Bonares. Parte de esos títulos quedó en manos de organismos públicos, lo que redujo el impacto efectivo sobre las reservas. El pago a privados se ubicó en torno a US$3700 millones.
Este vencimiento abrió una agenda exigente para 2026. El Gobierno debió afrontar pagos por más de US$12.500 millones entre deuda en moneda dura y compromisos con el FMI. Frente a ese panorama, la estrategia oficial apuntó a refinanciar una porción relevante en el mercado internacional y sostener la acumulación de reservas sin alterar el esquema cambiario.
La señal que esperaron los inversores no se limitó al cumplimiento del pago. El verdadero interrogante pasó por la capacidad del Tesoro de recuperar financiamiento externo estable y reducir la fragilidad financiera en un año que arrancó con una fuerte presión sobre los dólares disponibles.
