La discusión sobre el manejo de los planes sociales que planteó Cristina Kirchner -aparte de ser una vieja disputa entre el Movimiento Evita, sus principales dirigentes y la vicepresidenta y La Cámpora- tiene ahora un trasfondo más amplio que será tema de debate recurrente para la agenda mediática: el Salario Básico Universal (SBU). 

La implementación del IFE, una de las pocas políticas que instrumentó Martín Guzmán y celebró el kirchnerismo, abrió la posibilidades de un SBU. Sobre todo cuando no se terminó de implementar el cuarto IFE en 2020 en plena discusión con el FMI, cuando comenzó la cacería con el por ahora actual ministro de Economía.

Cuestionando la tercerización de los planes en manos de los movimientos Sociales, el SBU vuelve a poner en la agenda. Incluso, hay un proyecto en el Congreso para ser debatido. El mismo fue presentado en mayo de este año por los diputados nacionales de Patria Grande Itaí Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli, pero cuenta con el acompañamiento de otros 11 legisladores del Frente de Todos entre los que están el presidente del bloque Germán Martínez; Leonardo Grosso, del Movimiento Evita; Hugo Yasky de la CTA, Mónica Macha, de Nuevo Encuentro; Pablo Carro, Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa; Carlos Selva, del Frente Renovador, Pablo Carro, Mara Brawer y Graciela Landriscini.

Con Pablo Zurro, Intendente de Pehuajó, que me acercó una propuesta para transformar los planes sociales que hay en esa ciudad en trabajo. Me contó que también se la envió al Ministro de Desarrollo Social de la Nación. pic.twitter.com/2IByOYqlgr

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 22, 2022

Según detalla el proyecto, el ingreso será otorgado “a las personas que se encuentren desocupadas; se desempeñen en la economía informal; se encuentren inscriptas en la categoría ‘A’ del Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes o se encuentren inscriptas en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente”. Serían 13 mil pesos por mes para aun universo de 9 millones de personas. El diputado Hagman explicó que tendría un costo mayor al 2% del PBI, algo de lo que seguramente estará atento el Fondo Monetario.

“El Potenciar Trabajo es un programa de empleo que por su masificación se transformó en una política de ingreso que desnaturaliza el objetivo original del programa y que se queda corto para ser una política de ingresos”, simplificó el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires y Secretario General de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, en medio de los cruces con el Chino Navarro y Emilio Pérsico.

Para Larroque, lo que se debe hacer es “concretar una política de ingresos que elimine la discrecionalidad y garantice una justicia social efectiva”. O sea, el Ingreso Básico Universal.

En plena implosión del Frente de Todos, donde la coalición se va amoldando al calor de una interna feroz, Cristina y La Cámpora se alienan, al menos en esta discusión, a los intendentes y gobernadores que tambien se quejan de la tercerización de los planes sociales y que esas herramientas no estén en manos de los Estados que ellos administran.

En ese punto, el kirchnerismo tiene fundamentos de sobra: Cristina terminó su mandato con una plantilla de 300 mil inscriptos en Potenciar Trabajo. El Gobierno de Mauricio Macri lo duplicó y en la gestión de Alberto Fernández ya son más de 1 millón 300 mil los beneficiarios.

En rigor, en plena discusión entre Cristina y los movimientos Sociales, y en el medio del ajuste fiscal que exige el programa con el Fondo, volverá a discutirse la implementación del Ingreso Básico Universal.