Por Natalio Botana
Un tembladeral, dice el diccionario, es un terreno que retembla cuando se anda sobre él. Así circulamos en estas PASO que tendrán lugar en un par de semanas. En su intención originaria, las PASO –una creación inspirada en las elecciones primarias que practican varios países– pretendieron reforzar la competencia entre precandidatos para mejorar la calidad de la democracia dentro de los partidos. Vana ilusión en este año 2019.
A la vista de los resultados en estos últimos meses el tiro salió por la culata, al menos en el nivel de las precandidaturas a Presidente. Todo al revés de lo acontecido en los partidos uruguayos en una democracia consolidada, tan cercana y tan diferente a la nuestra. Aquí, en cambio, los candidatos se designaron entre bastidores.
No hubo competencia entre fórmulas; el lugar de los candidatos –excepto el de Macri– surgió sorpresivamente y el faccionalismo peronista se expandió hasta invadir, con excepción de la Izquierda y de algún candidato menor, todas las fórmulas. De hecho ya no hay precandidatos, sino candidatos que disputan el poder al modo de una supuesta primera vuelta en un escenario polarizado. En un ambiente de frentes improvisados, estas PASO disparan otra advertencia acerca de la crisis que acecha a la concepción predominante en el último siglo de una democracia de partidos.
Obviamente, el fantasma tan temido que anunciamos hace unos meses ha prevalecido. La polarización, según el esquema que hemos consagrado de opuestos irreductibles (se conocen desde luego polarizaciones mas benignas), parece atrapar a más del 70% del electorado si atendemos a cifras provisorias de encuestas que pueden errar, mientras nosotros y el mundo asistimos a este choque de proporciones. Aunque resulte paradójico, ese es el único punto en que los dos frentes en pugna –el kirchnerismo y Juntos por el Cambio– están de acuerdo. Ambos quieren la polarización y reducir, mediante esta dialéctica, el peso de una tercera fuerza.
La polarización esta pues en marcha como un cuerpo con diferentes cabezas: es ideológica al oponer en bloque y sin matices el campo nacional y popular al republicano y moderno; es socioeconómica debido a la incompatibilidad que se proclama en la campaña entre populismo económico, responsabilidad fiscal y apertura de los mercados; es territorial cuando centra el eje del combate en la Provincia de Buenos Aires y busca apoyos complementarios en las otras provincias; es, por fin, judicial porque transcurre en el marco de una Justicia politizada, inaceptable por quienes dicen sufrirla en los términos de una “lawfare” o guerra judicial.
Con este recrudecimiento de nuestra insuficiencia institucional, la polarización ha penetrado en los estrados de la Justicia: la divide y la hace presa de conflictos intestinos. El Presidente de la Corte Suprema de la Nación habla de una “crisis de legitimidad” de la Justicia, el Presidente de la Corte de la Provincia de Buenos Aires alude sin mayores precisiones a las “causas armadas artificialmente” con complicidad de los servicios de inteligencia y medios de comunicación. Por su parte, la llamada operación “puf” para desarmar la causa de los cuadernos y afectar de este modo al fiscal y al juez a cargo de ella sigue un curso también cruzado por acusaciones mutuas.
La conclusión que podríamos extraer de estos juegos perversos, previstos para recuperar la impunidad de ex gobernantes sentenciados o en juicio, o desde otro ángulo para denunciar el mal uso de la prisión preventiva, es que la Argentina soporta una democracia sin arbitraje neutral.
No solamente, algo harto conocido, hay antagonismo en el juego electoral; se cuestiona asimismo a los árbitros de dicho juego. Un panorama poco envidiable que podría colocarnos en la antesala de una suerte de canibalismo político. De acuerdo con esta trama, la circunstancia de abandonar el poder abre la puerta para entrar en la cárcel o, en una versión más benigna, fueros mediante, para afrontar procesos interminables.
Es un cuadro temible, actual y posible, que incluye a los gobernantes que se fueron y, hacia adelante, a los que están en funciones. Alguien podría alegar que del pavoroso terror recíproco de décadas afortunadamente superadas hemos pasado a la venganza recíproca que se dirime en los tribunales, y hasta con una pizca de cinismo podría añadir que, a pesar de todo, es un progreso. Menudo progreso.
Por este motivo, surge otra paradójica coincidencia: los bandos de la polarización reclaman en efecto una reforma de la Justicia. La predican solo hasta este punto de carácter formal porque a estas propuestas las separa un abismo. Una cosa es apuntalar la Justicia en vena republicana, persiguiendo la mayor autonomía de una administración judicial, libre de la contaminación política, y otra muy distinta es el propósito de subordinar la Justicia a una hegemonía política para transformarla en un instrumento de dominación (con prudencia electoral, Alberto Fernández ha moderado estas afirmaciones que sin duda no eliminan un hipotético conflicto con CFK).
Mas allá de los grandes temas pendientes en el plano socioeconómico de un país estancado, sin inversión ni crecimiento, los temas de la Justicia y la impunidad adquieren en estas PASO una relevancia central, quizás oculta por la propaganda del Gobierno (en esto el oficialismo no difiere del kirchnerismo) y por la abundante tecnología de última generación utilizada para capturar electores.
Queda así en evidencia que una democracia sin el vigor y consistencia de una constitución económica y de una constitución moral, no hace más que acentuar su declinación. Ambos pilares de un desarrollo humano acorde con la efectividad y la decencia están en entredicho. Las PASO comenzaran a expresar de manera colectiva si este régimen rengo tendrá la suficiente aptitud para reunir una masa crítica que lo encamine hacia un horizonte reformista hoy todavía nublado. En suma: un desafío a la racionalidad en contextos de recesión y penuria.
