La furia de Néstor Kirchner con su ministro de Justicia, Aníbal Fernández, por haber cedido ante la Corte Suprema en su intención de violar el ordenamiento jurídico, es además de una expresión del desprecio del ex presidente por las leyes que limitan su poder, un sagaz diagnóstico político.

En la semana que pasó Aníbal Fernández tuvo que concurrir a la Corte Suprema para presentar formalmente su rendición incondicional. La forzada visita al Palacio de Tribunales tuvo motivos explícitos y de los otros. En lo formal, el ministro acordó dejar sin efecto la resolución en la que disponía que las fuerzas de seguridad debían informarle previamente sobre cualquier orden recibida de los jueces.

La reunión con los magistrados no fue tensa como se publicó. Los integrantes de la Corte sencillamente le explicaron al ministro que su resolución era ilegal. Por ejemplo, ¿Qué sucedería si un juez federal tiene que investigar corrupción en el Ministerio de Justicia? ¿Debería anticiparle al propio involucrado los procedimientos? Una situación por demás bochornosa para un funcionario, a quien los magistrados no le reconocen capacidad técnica en la materia que le compete. Por decirlo de alguna manera.

La reunión también sobrevoló un costado más sórdido, que se vincula con la causa iniciada por el propio presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, cuando descubrió que su correo electrónico había sido intervenido ilegalmente. Investigaciones preliminares condujeron a agentes de inteligencia vinculados al Ministerio de Justicia y Seguridad. Por mucho menos tuvo que renunciar Richard Nixon.

Pero claro este episodio, de una gravedad institucional inusitada, fue debidamente sepultado bajo un escándalo supuestamente mayor, que incluye una montaña de espionajes privados que involucran a periodistas, empresarios, personajes del espectáculo y otros nombres rutilantes. Como dice un proverbio inglés, la mejor manera de disimular un elefante es mezclarlo en una manada de elefantes. La frivolidad y algo de mentira, como siempre, ayudo a tapar el bosque del delito cometido desde el Estado.

Sólo una visión policial de la política como la kirchnerista, un retrógrado panóptico digital de infinitas intervenciones a teléfonos y casillas de correo electrónico, un anhelo de control por el control, una falta absoluta de sentido republicano, explica la enorme torpeza de espiar a los integrantes del máximo tribunal.

Aunque bien mirado, el episodio enmascara una conmovedora confesión de incapacidad política. El kirchnerismo no supo construir relaciones maduras prácticamente con ningún sector de la sociedad. Y ante la impotencia y la inseguridad que esta falencia le causó, optó por el simple expediente de espiar y sobornar, en un degradado remix del foucaltiano vigilar y castigar.

(DES) HACER LA CORTE

El enojo de Néstor Kirchner quien ya parece haber perdido hasta las formas y reclama renuncias de ministros, olvidando que nadie lo votó para ningún cargo, responde sin embargo a una real percepción del poder. El ex presidente comprueba día a día como esta Corte Suprema que él nombró, se le rebela ahora, justo cuando más la necesita.

“Es el problema de nombrar jueces por el currículum, más que por la relación personal. Es muy simple, designaron a gente que no conocían en profundidad y sólo pensaron en términos de réditos de opinión pública”, explicó un habitual transeúnte de los pasillos de la Justicia, con vínculos en el poder.

Kirchner está experimentando los inicios de la misma sensación desagradable que vivieron ex presidentes como Fernando de la Rúa o Carlos Menem. La independencia de los magistrados crece en la misma proporción que declina el poder del gobierno, entendido este como la rama que constituye el Poder Ejecutivo.

Se trata de una corporación que comparte las formas y el contendido de un lenguaje propio, que rodea su accionar de un alambicado y respetuoso ritualismo; que conciente o inconcientemente la lleva a construir un aire de club de caballeros, que una política tan brutal como la kirchnerista sólo logra incomodar.

Es con esa desconcertante flema y con esos tiempos, que en la Justicia han comenzado a hablarle al poder. Y Kirchner, que huele los desafíos políticos aún antes que sucedan, lo entendió muy bien. De ahí su enojo con Aníbal Fernández. Enojo que replica la intransigencia de su pelea con el campo. Lógica de la confrontación que agudiza la dolorosa percepción del propio declive.

ALGUNOS EJEMPLOS

El famoso caso Badaro en el que la Corte dispuso que se le reconozca la movilidad al jubilado Adolfo Valentín Badaro, fue tomado la semana pasada por el defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, quien reclamó judicialmente que el ajuste del 88% sea extensivo a los 1.200.000 jubilados a quienes no se les recompusieron sus haberes.

Mondino es otra víctima del látigo kirchnerista quien a través de la diputada Diana Conti, buscó desplazarlo del cargo por el delito de haber intentando un diálogo entre el gobierno y el campo. Aquí está la respuesta. Cuando esta demanda avance y eventualmente llegue a la Corte, difícilmente el máximo tribunal pueda hacer otra cosa que respaldarla. Lo contrario equivaldría a desdecirse. No hay que ser un genio en Economía para entender lo que semejante aumento, repartido en más de un millón de jubilados, puede ocasionar a la preciada caja oficial.

Es esta Corte la que también anunció que convocará a una audiencia pública el próximo miércoles para debatir sobre la constitucionalidad de la ley que obliga a las telefónicas y prestadoras de Internet a guardar durante 10 años los registros de todas las comunicaciones de los ciudadanos.

¿Será casualidad que luego que sus propios integrantes fueran objeto de espionaje ilegal se prestara atención a esta norma claramente inconstitucional? Como sea, la novedad no cayó nada bien en el gobierno, que años atrás aprovechó un pedido de Juan Carlos Blumberg -cuando se sancionaron sus famosas leyes- para agudizar el control sobre la ciudadanía.

El tema también descubre la doble faz de un kirchnerismo que se declara progresista y apoya la sanción de leyes –como el retrógrado paquete que impulsó Blumberg- que avanzan sobre los derechos civiles y harían palidecer a las Patriotic Acts de George Bush.

Pero la sorda intifada de la Corte no se detuvo aquí. También fue este tribunal el que semanas atrás se declaró competente para resolver la demanda planteada por la provincia de San Luis contra el Gobierno sobre diferencias en la coparticipación, que incluye el espinoso debate sobre la naturaleza jurídica de las retenciones móviles.

Oficiosamente algunos integrantes del máximo tribunal dejaron trascender que las retenciones en los actuales niveles son al menos de dudosa constitucionalidad. Pero como suelen hacer, se apresuraron a aclarar que la demanda podría tardar al menos un año en ser resuelta. Una manera de enfriar el problema a la espera de una solución política y al mismo tiempo emplazar al poder a resolverlo.

Fue también este tribunal quien convalidó en los hechos al ratificar un amparo, el derecho de Luis Patti a ser diputado; entre otros numerosos pronunciamientos, aún más desafiantes cuanto más se desciende en la jerarquía judicial, que incomodan al poder.

POPPER Y LA JUSTICIA

Se trata en definitiva de una buena noticia, que ratifica lo acertada que fue la decisión de Néstor Kirchner al inicio de su mandato de renovar la integración de la Corte Suprema, proponiendo a gente de notables antecedentes en la materia. Tan acertada que no debería sorprender que sea su propia creación la que en el ocaso le marque los límites que ya no parece capaz de percibir.

El pensador liberal Karl Popper, graficó alguna vez la importancia de un sistema judicial lo más independiente posible para afianzar la democracia. Lo hizo al analizar la mafiosa economía de mercado que surgió en Rusia tras la caída del comunismo.

“El intento por establecer lo que se llama capitalismo, sin un sistema legal acorde, terminará invariablemente en corrupción y robo. Por eso, la diferencia entre más o menos intervención del estado es despreciable en comparación con la diferencia entre una sociedad con y una sociedad sin un sistema legal sólido”, afirmó Karl Popper.

Fuente: La Política Online