Por estas horas, el Senado comenzó el análisis en comisiones de la ley de Bases y el paquete fiscal, proyectos que recibieron aprobación inicial de la Cámara de Diputados. El objetivo del oficialismo es obtener un dictamen de mayoría el 9 de mayo para llevarlos al recinto senatorial el 16, justo antes del Pacto de Mayo programado para el 25 en Córdoba.

Las comisiones involucradas serán Legislación General, Asuntos Constitucionales, y Presupuesto y Hacienda. Para respaldar los proyectos, se convocó a altos funcionarios del Gobierno nacional, incluyendo al ministro del Interior, Guillermo Francos, al vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y al secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Bartolomé Abdala (San Luis), presidente provisional del Senado, lidera la comisión de Legislación General; Ezequiel Atauche (Jujuy) encabeza Presupuesto y Hacienda; y Edgardo Kueider (Entre Ríos) preside Asuntos Constitucionales. Abdala y Atauche representan al oficialismo, mientras que Kueider es parte del bloque Unión Federal, es decir, peronista no kirchnerista.

En este escenario de clara inclinación a favor del oficialismo, Guillermo Francos y la vicepresidenta de la Nación y presidenta de la Cámara baja, Victoria Villarruel, han iniciado negociaciones con los líderes de los bloques aliados y los gobernadores. Algunos gobernadores tienen una influencia considerable sobre sus senadores, pero esto no siempre es el caso. Kueider es un ejemplo evidente de esta situación.

Mientras tanto, el estratega Santiago Caputo supervisa con especial atención las negociaciones en Buenos Aires desde la cúpula, mientras que los hermanos Milei continúan su gira por Los Ángeles.

Anoche, colaboradores del presidente esbozaron un estimado alrededor de 35 senadores que podrían respaldar la Ley de Bases, llegando incluso a 36 según los más optimistas. Entre ellos se cuentan los seis senadores del PRO y los siete de La Libertad Avanza, junto con los tres de Salta, dos de Santa Cruz, igual cantidad de Misiones, una senadora de Río Negro y otra de Neuquén, además de la mayoría del bloque de la Unión Cívica Radical. Sin embargo, existe incertidumbre sobre Martín Lousteau, presidente del comité nacional, quien, a pesar de las desconfianzas mutuas, ha comenzado a entablar un acercamiento con Facundo Manes. El jueves pasado, el senador compartió un acto con su hermano Gastón. Ayer, el neurocientífico publicó en sus redes: «Los mismos que ya fueron detrás del kirchnerismo y de Macri, ahora quieren ir detrás de Milei».

Hasta ayer, la UCR aún no había formalizado una posición orgánica. «Queremos cumplir el rol de cámara revisora», expresaban en un intento por reafirmarse en estos días. La idea de ser simplemente un sello del Ejecutivo no generaba mucho entusiasmo. A última hora de este martes, una vez concluido el primer día de debate en comisiones, el bloque de senadores de ese partido tiene previsto reunirse con sus gobernadores para obtener de primera mano información sobre las propuestas del gobierno hasta el momento, a cambio de la colaboración del radicalismo con el proyecto en discusión en la Cámara alta.

Durante el fin de semana, en el bloque del peronismo kirchnerista de 33 senadores, que solo se dividió en dos grupos, de 17 y 16, en la estrategia para obtener ventaja en torno a la integración del Consejo de la Magistratura, surgieron rumores sobre posibles deserciones a favor del gobierno. Sin embargo, ayer, luego de la reunión de la bancada peronista, se indicó que esa posibilidad se estaba desvaneciendo, a pesar de algunos rumores que aún circulaban sobre legisladores como el sanjuanino Sergio Uñac o los senadores de Santiago del Estero vinculados con Gerardo Zamora.

La atención, por ejemplo, se centraba anoche en los tres senadores del bloque de Unidad Federal: Carlos “Camau” Espínola, Edgardo Kueider y Alejandra Vigo. Ninguno de ellos estaba incluido en el conteo de la Casa Rosada en este momento. En algunos casos, incluso, había señales confusas, incluso dentro de su propio círculo cercano.

El jueves, el Gobierno buscará obtener un dictamen para llevar el proyecto al recinto lo antes posible, mientras que el kirchnerismo intentará bloquear ese objetivo. En este contexto, este martes cobraba forma el encuentro que una comitiva de la CGT tenía previsto tener con un grupo de senadores del peronismo kirchnerista antes del paro general de este jueves, que ayer contó con la adhesión de la UTA, lo que significa que no habrá servicios de trenes ni colectivos. Esto añade complejidad al traslado de los empleados de la Cámara alta y aumenta la tensión en estas horas cruciales para el futuro de la Ley de Bases.

Durante las asambleas del lunes que confirmaron la huelga del jueves, un sindicalista del sector aeronáutico advirtió que «escracharían» a los senadores que apoyen el proyecto. Esta amenaza tiene un impacto limitado y representa poco. No se compara, por ejemplo, con la crisis del 2001 y la época del «que se vayan todos«, que llevó a que líderes como Miguel Ángel Pichetto evitaran viajar en aviones comerciales durante años por temor a la reacción social.