El próximo 24 de febrero, tal como lo fija el reglamento, el Senado volverá a reunirse en sesión preparatoria para definir su esquema de autoridades. Aunque no medió aún una convocatoria formal, la fecha no admite demasiadas discusiones y se inscribe en un contexto político sensible para el oficialismo, que apunta a preservar una convivencia mínima entre el Ejecutivo y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La estrategia de La Libertad Avanza pasa por evitar que la renovación de cargos derive en una nueva escalada del conflicto interno que atraviesa al poder. Según admiten fuentes del Gobierno y de la Cámara alta, no hay intención de alterar el orden institucional ni de sumar un frente de disputa en la llamada “Casa”, en momentos en que el oficialismo utilizará el nuevo período de sesiones extraordinarias —desde el 2 de febrero— para medir la actitud de los bloques dialoguistas.

El reglamento del Senado es explícito respecto al procedimiento. En su primer artículo establece: «El 24 de febrero de cada año o el día inmediato hábil anterior, en caso que sea feriado, se reúne el Senado en sesiones preparatorias a fin de designar autoridades y fijar los días y horas de sesiones ordinarias, los que pueden ser alterados por decisión de la Cámara». A continuación, el texto indica: «Acto continuo, la Cámara hará sucesivamente y por mayoría absoluta la elección de un presidente provisional para que la presida, en los casos determinados en el artículo 58 de la Constitución, un vicepresidente, un vicepresidente 1º y un vicepresidente 2º”.

El tercer artículo aclara el mecanismo ante la falta de consensos: «En caso de no resultar mayoría, se votará por los candidatos que hayan obtenido mayor número de sufragios; y en caso de empate, decidirá el presidente”. En ese marco, el oficialismo confía en que los principales engranajes administrativos permanezcan estables, lo que aportaría previsibilidad al funcionamiento del cuerpo.

En el centro de esa tranquilidad aparece la posible ratificación de Alejandro Fitzgerald como secretario administrativo, un cargo sensible por manejar la caja del Senado y valorado transversalmente por todos los bloques. Tras la salida de María Laura Izzo, su antecesora, la oficina atravesó una etapa de desorden que terminó de erosionar la posición de Villarruel. La breve designación de Emilio Viramonte Olmos, cercano a la vicepresidenta, fue leída como un error político y operativo. Con la llegada de Fitzgerald, aseguran, las tensiones se aplacaron y se evitó el desembarco de figuras que buscaban acumular poder sin respaldo interno.

Algo similar ocurre con la secretaría parlamentaria, considerada el corazón político-legislativo de la Cámara. Todo indica que Agustín Giustinian continuará en el cargo, luego de un desempeño que el Gobierno valora por su capacidad para articular con las bancadas, contener la presión opositora y transmitir con precisión a la Casa Rosada el escenario real de votos para cada iniciativa. Un rol silencioso, pero decisivo para la gobernabilidad.

La mayor incógnita, sin embargo, sigue siendo la presidencia provisional del Senado, segundo escalón en la línea sucesoria presidencial, apenas por debajo de Villarruel. Hoy ese lugar lo ocupa el puntano Bartolomé Abdala, quien resistió intentos internos por desplazarlo. Pese a errores y aciertos, en el oficialismo reconocen que fue uno de los pocos que dio la cara en los momentos más ásperos del año pasado, cuando las derrotas legislativas y la presión política se multiplicaban.

Durante ese período, Abdala también quedó al frente de sesiones clave cuando Villarruel optó por retirarse del recinto para marcar distancia de la Casa Rosada, delegando la conducción en él y en Giustinian. Episodios recientes que, advierten en el Senado, parecen olvidarse rápido en medio de disputas y ambiciones internas.

En cuanto al resto de la estructura, la vicepresidencia del cuerpo continuará en manos del peronismo, sin objeciones. Las dudas se concentran en las vicepresidencias primera y segunda, hoy ocupadas por el radicalismo y el peronismo disidente. También deberán definirse las prosecretarías parlamentaria y administrativa, además de la prosecretaría de coordinación operativa.

Sobre este último cargo pesa una polémica adicional: Manuel Ignacio Chavarría, actual responsable del área, fue designado recientemente como autoridad de la Central Hidroeléctrica Yacyretá. Si bien su nueva función no presenta incompatibilidades formales, generó malestar en el Congreso que haya solicitado una licencia “ad honorem” en lugar de renunciar, lo que implicaría conservar contratos, personal a cargo y hasta chofer. Una decisión que, puertas adentro, muchos califican directamente como un despropósito.