La detención de Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz abrió una de las causas más delicadas que enfrentó el Senado de la provincia de Buenos Aires en los últimos años. Ambos empleados de planta permanente quedaron imputados como responsables de una estructura de abusos sexuales que, según la investigación judicial, operó durante años con cobertura política y administrativa. La hipótesis central señaló el uso de dependencias oficiales para cometer los delitos, en particular la oficina 007 de la Cámara Alta.

La pesquisa quedó a cargo de la fiscal Betina Lacki, con intervención del juez Juan Pablo Masi. Lacki ya había encabezado una investigación previa por el caso de Julio “Chocolate” Rigau, aunque en aquella causa no logró avanzar sobre los beneficiarios finales del esquema. En esta oportunidad, ordenó las detenciones a fines de diciembre y dispuso la apertura de los teléfonos celulares de los acusados, una medida que generó inquietud en sectores del poder bonaerense.

Rodríguez y Silva Muñoz trabajaron durante más de una década en el Senado. Ingresaron cuando Gabriel Mariotto ejercía la vicegobernación. El propio Mariotto negó vínculos con los detenidos, aunque durante su gestión se iniciaron sumarios administrativos por conductas irregulares. En la actualidad, ambos continuaron en planta permanente y solo quedaron suspendidos tras el avance judicial.

Las denuncias por abuso sexual comenzaron en 2015, pero la mayoría no prosperó. Recién diez años después, varias víctimas formalizaron sus relatos ante la Justicia. Ignacio Fernández Camillo, abogado de un grupo de denunciantes, explicó: “hubo denunciadas presentadas en 2015, 2019, 2024 y la última que hicimos el año pasado… Lamentablemente en los casos anteriores hasta la del ’25 ni la DDI ni la Justicia activaron… Ahora sí hubo recepción del tema”.

Según la acusación, Rodríguez y Silva Muñoz lideraron un clan conocido como “La Orden de Luz”, señalado como una organización que captó mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad. El mecanismo incluyó militancia política, promesas de inserción laboral y contratos estatales. Luego exigieron obediencia, aportes económicos y favores sexuales. Las víctimas relataron amenazas y presiones constantes para garantizar el silencio.

Parte de los abusos se produjeron dentro del propio edificio del Senado. Esa circunstancia agravó el impacto institucional del caso. La causa investigó no solo delitos sexuales, sino también la utilización de recursos públicos para cometerlos. Las mujeres denunciantes, con identidades reservadas, relataron que el sometimiento no se limitó al plano físico. “Hubo un aprovechamiento de nuestras convicciones. No fue solo el cuerpo, fue la cabeza, la moral”, sostuvo una de ellas.

El recorrido político de los acusados también quedó bajo la lupa. Rodríguez militó en espacios cercanos a La Cámpora, luego orbitó alrededor de Andrés “Cuervo” Larroque y más tarde integró el Movimiento Derecho al Futuro, ligado al gobernador Axel Kicillof. Una fuente que conoció ese trayecto describió su perfil con crudeza: “Es un busca con suerte”.

Mientras la causa avanzó, el Senado mantuvo un cerrado silencio. Ninguna autoridad del cuerpo brindó explicaciones públicas. Verónica Magario, vicegobernadora y presidenta de la Cámara Alta, ordenó la instalación de cámaras en pasillos y salones, aunque el foco se posó más en el control interno que en una respuesta política al escándalo. La banda operó durante quince años bajo distintas conducciones, sin que existieran alertas institucionales eficaces.

Fernández Camillo explicó por qué se habló de una secta: “Es que en el medio de la trata también se involucran cuestiones ‘espirituales’, rituales casi delirantes”. La investigación también mencionó a un senador sospechado de haber aceptado los favores sexuales y a una falsa abogada que intervino en los primeros contactos con las víctimas.

Hoy, con los acusados detenidos, las denunciantes relataron una sensación de alivio. “Estamos fuertes”, afirmaron. “Sentimos que volvimos a vivir”. Sin embargo, también advirtieron que no fueron las únicas. Por eso decidieron hablar. La causa dejó al descubierto una trama de abusos sostenida por el miedo, el poder y el silencio, en el corazón mismo de una de las instituciones centrales de la política bonaerense.