Las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado aprobaron en diciembre un dictamen favorable al proyecto que propuso una adecuación de la ley de Glaciares. Tras una serie de exposiciones técnicas, los senadores resolvieron abrir un período de análisis durante el receso y fijaron el tratamiento en el recinto para febrero, dentro de un nuevo llamado a sesiones extraordinarias.

En el Congreso evaluaron que el debate por los glaciares avanzó con mayor margen político que la reforma laboral. El oficialismo buscó iniciar la actividad legislativa del mes con esta iniciativa, que apareció menos trabada que otros proyectos sensibles. Una alta fuente parlamentaria afirmó: “Las reuniones informales en el Senado están ocurriendo”. La fecha del 11 de febrero quedó bajo confirmación final, aunque algunos despachos barajaron una sesión previa que luego descartaron por dificultades logísticas.

La propuesta volvió a colocar en el centro una discusión estratégica para la economía y el ambiente. Más de u$s30.000 millones en inversiones mineras quedaron atadas a la definición de este marco normativo, según estimaciones del sector. Desde el Ejecutivo aclararon que el texto no creó una ley nueva ni eliminó prohibiciones vigentes. Plantearon una corrección técnica para ordenar competencias y reducir la incertidumbre jurídica.

El Gobierno sostuvo que la adecuación buscó precisar el alcance de la norma, fortalecer el rol de las provincias y otorgar mayor claridad operativa. El proyecto no modificó las restricciones centrales ni afectó emprendimientos en curso ni inversiones aprobadas bajo otros regímenes. La iniciativa recogió reclamos históricos de las provincias cordilleranas y contó con el respaldo explícito de los gobernadores que integraron la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre.

Desde la Casa Rosada definieron la propuesta como aclaratoria y no regresiva. “No es una ley nueva, es una ley aclaratoria para tener una mejor interpretación”, señalaron fuentes oficiales que participaron en la redacción del texto. El Ejecutivo afirmó que el objetivo combinó la protección del agua con el respeto al federalismo. “El objetivo de la ley es garantizar un ambiente sano y respetar la autonomía federal, y como sostuvo la Corte Suprema, también respetar el federalismo de concertación”, remarcaron.

El oficialismo apoyó la iniciativa en los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional y rechazó las lecturas que hablaron de flexibilización ambiental. Aseguró que la adecuación no tuvo efectos retroactivos y que no alteró los RIGI ni las Declaraciones de Impacto Ambiental ya aprobadas. Para el Gobierno, la reforma ofreció reglas claras y previsibilidad en un sector clave para el desarrollo productivo.

El debate legislativo abrió una fuerte reacción de las organizaciones ambientalistas. Greenpeace, FARN, Aves Argentinas, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial y Jóvenes por el Clima advirtieron que la iniciativa implicó un “retroceso significativo” en la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. Las ONG alertaron por el riesgo sobre la seguridad hídrica de más de siete millones de personas, en un contexto de crisis climática.

Las organizaciones recordaron que el país contó con casi 17.000 glaciares inventariados en 12 provincias, que alimentaron decenas de cuencas hídricas. Señalaron que estos ecosistemas regularon caudales y sostuvieron reservas de agua durante períodos de sequía. También cuestionaron la constitucionalidad del proyecto y advirtieron que trasladar definiciones clave a las provincias podía fragmentar la protección de sistemas hídricos que no reconocieron fronteras políticas.

Greenpeace lanzó una campaña de presión directa sobre cinco senadores, a quienes identificó como decisivos para el futuro de la norma. La organización sostuvo que avanzar con la adecuación implicó un “serio retroceso” y afirmó: “Cambiar la ley solo beneficiaría a sectores corporativos, poniendo en riesgo el abastecimiento de millones de personas”. El mensaje central de la campaña remarcó que “la Ley de Glaciares no se toca”.

Desde la industria minera, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) sostuvo que el sector no impulsó la derogación de la ley vigente. Las empresas reclamaron definiciones más precisas para reducir la incertidumbre jurídica, en especial sobre el ambiente periglacial. CAEM recordó que la actividad minera permaneció prohibida sobre glaciares y que ningún proyecto en operación se desarrolló en esas áreas. También destacó los controles ambientales y los estándares internacionales que aplicaron muchas compañías.

El sector proveedor también apoyó la adecuación. Manuel Benítez, de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN), defendió una minería responsable y el protagonismo provincial. “Necesitamos cuidar los glaciares, por eso también vemos muy bien que participen las provincias en ese trabajo, para manejar su bien propio que son los recursos y sus minerales”, afirmó. Además, sostuvo que la ley original requirió aclaraciones técnicas para lograr mayor eficacia en la protección ambiental.

Mientras el Senado preparó el tratamiento en el recinto, la adecuación de la ley de Glaciares se consolidó como uno de los debates más sensibles del verano político, con impactos directos sobre el desarrollo minero, el federalismo y la preservación de las reservas estratégicas de agua del país.