El regreso a las aulas después de las vacaciones de invierno en Ciudad y Provincia está condicionado por un paro nacional que dispuso la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) y que tendría -además- impacto en las escuelas de todo el país.
Pero la protesta que exige la reapertura de la paritaria docente, la reincorporación del Fondo Nacional de Incentivo (Fonid) y una urgente recomposición de los salarios, incluye por primera vez un componente ajeno, hasta ahora, a los conflictos con los educadores: el Gobierno Nacional anticipó que hará cumplir un artículo de la Ley de Reforma Laboral que define a la educación pública como “servicio esencial” y por lo tanto obliga a garantizar “el 75% de la actividad” cuando los sindicatos promueven medidas de fuerza.
Esto significa que frente a un establecimiento con 100 docentes, deberán estar presentes 75 para cumplir con la ley. Si bien el ministerio de Capital Humano se ocupará del cumplimiento de la nueva ley laboral, el reclamo salarial de los docentes es hacia cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires, no a la Nación porque lo determina el Consejo Federal de Educación, integrado por todos los distritos.
Sobre ese foco jurídico estarán puestas las miradas de la huelga de maestros y profesores previstas para este lunes en todas las modalidades y niveles educativos. El calendario escolar fijaba para el 3 de agosto la reapertura de escuelas en CABA, Provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero y Chaco, al finalizar las dos semanas de receso de mitad de año.
Pero la central que conduce Sonia Alesso fijó para ese día una acción directa que tiene el respaldo de sus sindicatos de base en distintas provincias. En Buenos Aires, confirmaron su adhesión Suteba, el principal gremio de educadores con más de 80 mil afiliados. Se suman la FEB, Udocba, Sadop y AMET. Los dirigentes esperan un fuerte impacto en el sistema educativo bonaerense.
LA POSICIÓN DE CAPITAL HUMANO.
Durante el fin de semana, las autoridades del Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, cuestionaron la medida de fuerza y advirtieron que, si efectivamente se lleva adelante de la forma en la que está prevista, se estaría violando la norma aprobada por el Congreso a principios de este año.
Es que, en el artículo 24 de la ley 27.802, se especificó que “los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación” de determinados servicios que el Poder Ejecutivo consideró imprescindibles, deben garantizar una cobertura mínima del 75 por ciento.
Entre los sectores que fueron calificados de “esenciales“ o “de importancia trascendental” está “el cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial”.
Este apartado en particular fue judicializado por la Unión Docentes Argentinos (UDA), que lidera Sergio Romero, pero el Estado apeló el fallo del juzgado laboral N° 74, que en una primera instancia suspendió la declaración de esencialidad para la educación.
