El secretario de Salud y el titular de PAMI no quisieron dar explicaciones en el Congreso por los recortes a los medicamentos
La decisión del Gobierno de eliminar el reintegro del 100% de los medicamentos a jubilados que perciban más de 389 mil pesos generó un enorme revuelo en la gente, al punto de que varios jubilados quedaron desamparados del Estado tan solo por percibir pensión y los haberes mínimos. En este contexto, desde la Cámara de Diputados convocaron a Mario Lugones, secretario de Salud de la Nación y a el titular del PAMI, Esteban Leguizamo, para dar una explicación al respecto, finalmente ninguno concurrió.
«La invitación llegó a ambos funcionarios y evidentemente estamos nuevamente ante un faltazo del Poder Ejecutivo siendo convocado formalmente a las comisiones de nuestro Congreso», expresó el presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin.
Y recordó que «esta misma comisión citó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; al ex ministro Mario Russo, ya citó una vez a Lugones y ahora se suma también Leguizamo a la lista de funcionarios del Poder Ejecutivo que se niegan a venir a dar explicaciones, a venir a trabajar al Congreso a ver cómo solucionamos los problemas que tiene la gente».
Esto se da en medio de las criticas que recibe el Gobierno por el feroz recorte hacia los jubilados que ya no tendrán medicamentos gratis en caso de percibir 389 mil pesos.
Si bien no asistieron Lugones ni Leguizamo, si lo hicieron el secretario de la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad, Eduardo Semino, y el subsecretario general de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Juan José Bockel.
Semino hizo duras críticas a la decisión del PÄMI de recortar los medicamentos gratis al señalar que «hay 5 millones de jubilados que ganan 329 mil pesos, lo cual agrava todo y el estado de necesidad. El haber es miserable y por eso la necesidad de un medicamento al 100%», subrayó. Señaló que la obra social de los jubilados «representa el tercio del mercado de los medicamentos y el que pone las condiciones, condiciona al resto del mercado, por lo cual es un problema estructural».
Por su parte, Bockel aclaró que no pueden dar una opinión hasta no escuchar las respuestas a un cuestionario que enviaron a las autoridades ya que decidieron «actuar de oficio». Bockel detalló que se le pidió al PAMI que precise si evaluaron «la capacidad económica real para determinar la exclusión del subsidio, y los mecanismos existen para que un jubilado pueda solicitar una revisión en caso de exclusión injusta».
