El presidente Mauricio Macri bajó del avión y anunció tres medidas que significan, como mucho, un ajuste del 0,03 por ciento de todo lo que tiene previsto gastar el Estado nacional en 2018.

De los tres anuncios (el recorte del 25 por ciento de los cargos políticos, el congelamiento salarial de esos puestos ejecutivos y el decreto para sacar de la administración pública a los familiares de los ministros), dos significan un alivio presupuestario. Según dejaron trascender las fuentes oficiales, todavía falta un número fino, pero supondría un ahorro de entre 1000 y 1500 millones de pesos al año.
Para dimensionar el tamaño de ese ajuste hay que ir al Presupuesto 2018. Según la norma oficial, el gasto público total previsto para este año asciende, con todos los ceros, a 2.904.414.100.000 pesos. Más simple, son 2,9 billones de pesos. Los mil millones de recorte previstos significan el 0,034 por ciento de esa torta.

El Estado no se administra como un presupuesto familiar, está claro. Pero bajar el anuncio a esa cotidianidad sirve de referencia. El ajuste anunciado es equivalente a que una familia que gasta 16,700 pesos por mes ahorre 5 pesos. Según el Indec, esos $ 16.700 cubren la Canasta Básica Total de una familia tipo, la que se usa para trazar la línea de pobreza.
Otra manera de medir el impacto del ajuste es compararlo con el déficit estipulado. Es decir, cómo ayudará esta medida a reducir la brecha entre gastos e ingresos de la Administración Pública.

Dos semanas atrás, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, presentó la meta prevista para este año. El Gobierno quiere llegar al 31 de diciembre un déficit primario (es decir, previo al pago de los intereses de deuda) del 3,2 por ciento del PBI. Son, de acuerdo a los datos oficial,es $ 396.000 millones. ¿Cómo repercutirá el recorte en los cargos políticos? "Será algo simbólico, inferior al 0,5%", respondió una fuente oficial ese día.

Los números le dan la razón. Un ajuste de 1000 millones de pesos representan el 0,25 por ciento del déficit previsto para el año. Y si la comparación se hace con el déficit financiero (que es el que tiene en cuenta los pagos de intereses de deuda que debe hacer el Gobierno), el peso del recorte es aun menor: 0,15 por ciento. Para 2018, el déficit financiero rondará los 678.000 millones de pesos.

El anuncio es, entonces, un gesto, en momentos en que el Estado da de baja contratos de empleados públicos en distintas áreas, desde el INTI, el estratégico Instituto Nacional de Tecnología Industrial, hasta el call center del Ministerio de Energía. Y también, de cara a las paritarias, en las que el Ejecutivo busca fijar un norte de 15 por ciento de aumento sin cláusula gatillo.