Ante la posibilidad de que en las elecciones del próximo domingo triunfe la fórmula del Frente de Todos, equipos técnicos del Partido Justicialista le presentaron al candidato de ese espacio, Alberto Fernández, un documento en el que proponen eliminar el régimen de ajuste de créditos hipotecarios por la UVA (unidad de valor adquisitivo), creado por la administración Macri.
«En materia de crédito para la vivienda, si bien se continuaron los programas encarados por anteriores administraciones, se ?desnaturalizó’ el concepto original para el cual fueron creados, desordenando la vida a más de 100.000 familias beneficiarias de créditos hipotecarios mediante la inclusión del sistema UVA en una economía altamente inflacionaria», acusa.
El equipo, coordinado por el exministro de Salud Ginés González García, propone «revisar y revertir la operatoria UVA para establecer un compromiso con quienes se endeudaron y hoy no pueden pagar». Los datos del Banco Central desmienten esa afirmación: más allá del encarecimiento que sufrieron en sus cuotas los tomadores de créditos hipotecarios por el desborde inflacionario, el registro oficial a agosto muestra que apenas el 0,46% de los deudores en el sistema UVA (115.000 personas) cayeron en algún margen de mora en sus pagos.
«Recuperar el crédito hipotecario es un aspecto fundamental para enfrentar el déficit de viviendas que existe hace décadas en nuestro país, y cuando asumimos la gestión, casi no existía. Por eso pusimos en marcha el sistema UVA, exitoso hace tiempo en países como Colombia y Chile», señaló al respecto el secretario de Vivienda de la Nación, Iván Kerr. Según sus cálculos, las familias que accedieron a estos créditos para la vivienda «pagan cuotas similares a las de un alquiler». Además, completó, el Gobierno tomó «las medidas necesarias para proteger y acompañar a las familias que hicieron un esfuerzo para acceder al crédito».
El documento del PJ también acusa al Gobierno de oponerse a la aprobación del proyecto de ley de alquileres, «que implica que el Estado asuma la responsabilidad de regular y transparentar un mercado oscuro y abusivo».
Kerr dijo a la nacion que «esta gestión trabajó durante mucho tiempo en un proyecto de ley que logre proteger al inquilino, al tiempo que cuida la generación de la oferta de alquileres». El proyecto, dijo, «busca ampliar las garantías para facilitar el acceso, brindar un marco para la actualización de los montos, impulsar el alquiler social y agilizar los mecanismos de recuperación de la vivienda».
