Hace más de un mes estalló el escándalo de la visita de diputados libertarios al pabellón de genocidas en Ezeiza, y el Congreso sigue enredado en debates burocráticos sobre la creación de una comisión para investigar la excursión. Ayer, la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, presidida por Silvia Lospennato, volvió a reunirse para tratar posibles sanciones a los diputados oficialistas. Organismos de Derechos Humanos, como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo e HIJOS, participaron para denunciar un plan de impunidad, mientras que la oposición postergó el debate para la próxima semana.

Unión por la Patria (UxP) intenta mantener el optimismo, destacando que, tras las revelaciones de la diputada Lourdes Arrieta, la mayoría de la UCR, el pichettismo e incluso el PRO apoyan la necesidad de investigar la visita y las responsabilidades de los legisladores libertarios. Sin embargo, el camino no es claro, ya que existen varios proyectos de investigación con enfoques diferentes, y la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el libertario Nicolás Mayoraz, uno de los involucrados en el chat sobre la liberación de genocidas, complica la situación.

Cecilia Moreau expresó su descontento con Mayoraz y exigió su retiro temporal de la presidencia, lo que él aceptó, dejando a María Eugenia Vidal como reemplazo. Sin embargo, en UxP aún no consideran el tema resuelto, y exigen que Mayoraz y otros diputados involucrados no participen en la decisión de sus propias sanciones.

Mientras los diputados debaten, organismos de Derechos Humanos exigen la expulsión de los legisladores que participaron en la visita. Referentes como Taty Almeida y Adolfo Pérez Esquivel denunciaron la deshumanización y la traición a la sociedad argentina por parte de estos diputados. Estela de Carlotto, a través de un mensaje leído por su nieto recuperado, Guillermo Pérez Roisinblit, pidió sanciones ejemplares para evitar la banalización de los crímenes de lesa humanidad.