En el caso de la Cámara alta, la Comisión de Presupuesto comenzará el próximo miércoles a analizar el proyecto oficial de limitación de los superpoderes, que no satisface los reclamos de la oposición.

Sin embargo, el embate que tendrá que soportar el oficialismo también se dará en la Cámara de Diputados, donde la oposición buscará avanzar con un proyecto para bajar las retenciones y, al mismo tiempo, impedir al Gobierno nacional volver a modificar los valores a discreción.

En el caso de los superpoderes, el texto enviado al Congreso por la presidente Cristina Kirchner busca dar respuesta a una de las demandas más fuertes que expresó la oposición durante la pasada campaña electoral, pero todo indica que el debate no ser tranquilo.

El tratamiento de este tema fue consensuado por el jefe de la bancada oficialista, Miguel Ángel Pichetto, con su par radical, Ernesto Sanz, quienes estuvieron que el modelo vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -que fija un tope para reasignar partidas del 5% del total del Presupuesto- era un buen antecedente a tomar en cuenta.

El proyecto oficial plantea modificar el artículo 37 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, de modo de facultar al jefe de Gabinete a reestructurar partidas con ese límite, pero establece una serie de excepciones en relación a obligaciones emitidas por el Tesoro, que pueden elevar sustancialmente ese porcentaje.

Al respecto, Sanz sostuvo que el proyecto "es positivo", pero que todavía "no es suficiente", porque los superpoderes abarcan varias normas, y esta sólo se refiere a la Ley de Administración Financiera.

A su vez, el senador radical Gerardo Morales remarcó que "no solo existen superpoderes por amparo en la ley de Administración Financiera", sino que "el kirchnerismo también maneja discrecionalmente los fondos públicos usando otras herramientas como son las leyes de emergencia económica o los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU)".

En este sentido, los radicales recordaron que el año pasado el Gobierno amplió el presupuesto en 36.727 millones de pesos a través de un único DNU, lo que representó el 18% del gasto total previsto para 2008.

En la Cámara de Diputados, con un número muy ajustado de legisladores, el oficialismo no tiene mucho margen de negociación porque el viernes pasado tras la reunión con el campo el gobierno fue claro: "No están dadas las condiciones para bajar las retenciones".

Pero igual, no todos los diputados de la oposición están de acuerdo con imponer una baja drástica de los derechos de exportación de los granos por el impacto que eso provocaría en los precios y la recaudación fiscal.

"Es cierto que tenemos los votos muy justos, pero mientras la oposición no se una, tenemos ventaja", se escuchó decir a un diputado oficialista.

El miércoles será un día clave cuando la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ponga a consideración el dictamen sobre facultades delegadas.

El oficialismo pretende una prórroga de esas facultades por un año, aunque está dispuesto a apartar del paquete de leyes al Código Aduanero para limitar las actuales atribuciones del Poder Ejecutivo para fijar retenciones.

El radicalismo, la CC y el socialismo insistirán en que el Congreso recupere las facultades que delegó en el Ejecutivo e impulsarán ya mismo una rebaja en las retenciones.

En el PJ disidente buscan conciliar una postura común con el PRO aunque el titular del bloque, Federico Pinedo, ya manifestó su intención de no prorrogar las facultades al Poder Ejecutivo.