Esta decisión administrativa se concreta en un momento clave: los cinco días hábiles otorgados a Cristina Kirchner y los otros ocho condenados en la causa Vialidad para presentarse en Comodoro Py vencen el próximo jueves a primera hora.

El TOF 2 fue el tribunal que en diciembre de 2022 condenó a la expresidenta a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en una maniobra que generó un perjuicio estimado en más de $86.000 millones. Gorini, como titular del tribunal, tiene a su cargo la ejecución de la pena, pero al estar de licencia, esa responsabilidad recae ahora en Giménez Uriburu, el magistrado que iba a jugar partidos de fútbol a la quinta de Mauricio Macri junto al fiscal Diego Luciani, quien deberá decidir junto a Andrés Basso el lugar y condiciones en que cada condenado cumplirá su condena.

Entre las definiciones pendientes está el pedido de arresto domiciliario presentado por Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner. El planteo incluye la solicitud de que no se utilice tobillera electrónica y que se mantenga el actual equipo de custodia liderado por el comisario Diego Carbone.

El fiscal general Diego Luciani deberá pronunciarse al respecto en los próximos días, tras lo cual Giménez Uriburu y Basso adoptarán la resolución final.

Durante el juicio de Vialidad, Giménez Uriburu fue objeto de denuncias por parte de la defensa de Kirchner, además de sufrir hackeos y actos intimidatorios, como el robo de sus declaraciones juradas y la vigilancia de su domicilio con autos de patentes apócrifas.