Por Franco Pistone.

“Creo que sería bueno que nosotros garanticemos un ingreso universal a todos los argentinos. Me parece una salida válida que en todo el mundo se está viendo y se está aplicando”, dijo el presidente Alberto Fernández en la pantalla de Telefe Noticias. Hace una década cualquier liberal escandalizado hubiera criticado las declaraciones como un acercamiento a políticas de un socialismo que se creía extinto. Lo cierto es que, con la aparición del SARS-CoV-2 como acontecimiento disruptivo de la economía mundial, las inequidades estructurales quedaron más expuestas que nunca. Muchos países comenzaron a discutir la posibilidad de implementar políticas redistributivas más fuertes y algunos otros ya las han puesto en marcha.

La pandemia dejó a los más ortodoxos como meme de John Travolta. En algunos casos directamente quedaron patas para arriba, como el diario británico Financial Times, tradicionalmente conservador, que exigió un rol más activo de los Gobiernos en la economía y publicó: “Políticas que hasta hace poco eran consideradas excéntricas, como el salario mínimo y los impuestos a la riqueza, deben estar en el programa”.

JODER, QUE ESTO RECIÉN EMPIEZA

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, dijo que el ingreso universal “es un punto que va a necesitar la Argentina los próximos años” y que «es tiempo de construir nuevos paradigmas y nuevas políticas sociales como lo ha planteado España”. En el país ibérico, la gestión de Pedro Sánchez aprobó la semana pasada una iniciativa propuesta por Podemos –otro partido que integra la coalición de Gobierno– para el establecimiento del Ingreso Mínimo Vital (IMV), con el objetivo de amparar al 80% de las personas pobres de ese país. La iniciativa beneficiará a 2,3 millones de habitantes. Se trata del 5% más carenciado de la población total.

Los funcionarios la definen como una medida estructural e indefinida, es decir que no será algo temporal. El tramite se hará vía web y los requisitos para pedirlo son llevar al menos un año de residencia, tener entre 23 y 65 años y estar buscando empleo de forma activa. La cantidad de dinero recibido dependerá del número de personas de cada hogar y de los ingresos que tengan.

Hay que decir que en España esto se hace posible en parte porque ya existían medidas similares en muchas de sus comunidades autónomas. Es como si, salvando las distancias y diferencias formales, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires ya tuvieran programas previos de esta índole. El Estado Nacional encuentra un precedente.

¿INGRESO PARA TODOS Y TODAS?

En muchas naciones ya no se está discutiendo si es necesaria la implementación de un ingreso universal o no. Lo que se debate es cómo aplicarlo de forma eficiente. Por ejemplo, ¿a quién se le debe otorgar? Una corriente plantea que llegue a todos los ciudadanos que tengan residencia legal en un país. Otra, como la del caso español o a lo que refirió Alberto Fernández, aboga por aplicarlo solo a los individuos que estén por debajo de la línea de la pobreza. Este último es el caso que están siguiendo la mayoría de los Estados.

Ahí radica la diferencia entre Ingreso Universal y Renta Básica. La última no discrimina a los receptores según sus ingresos y es independiente de su situación económica. En cambio, el Ingreso Universal está direccionado a un sector de la población.

EL ANTECEDENTE DEL CASO FINLANDÉS

Antes de la pandemia, Finlandia realizó una prueba piloto entre 2016 y 2018. El objetivo fue ver si el IMV mejoraba la búsqueda de empleo de los beneficiarios. Se compararon los datos con un grupo de control (gente en las mismas condiciones que no recibió el ingreso). Muchos medios internacionales titularon el fracaso de la iniciativa porque no se observaron efectos en el nivel de empleo en los beneficiarios. No obstante, los que sí lo recibieron presentaron índices de salud mucho mejores relacionados a la falta de estrés.

Además, hay que destacar el hecho de que tampoco bajó la tasa de desempleo en el grupo de control. Las características del mercado laboral de Finlandia no variaron durante esos años. En otras palabras, la tasa de empleo no aumentó para los beneficiarios porque el mercado no generó más puestos de trabajo para ellos, y no a causa de un rechazo a trabajar.

“PERO PASAN TODOS A SER PARÁSITOS DEL ESTADO”

Cuando se habla de Ingreso Universal muchos creen que eso impulsaría cierta decadencia social a causa de la falta de incentivo para trabajar. Es importante saber que cuando se trata de estas medidas, el importe únicamente representa lo necesario para que el beneficiario y su familia puedan vivir dignamente. Es decir, con sus derechos esenciales y acceso a servicios garantizados.

En el caso de España, el receptor de la ayuda tiene como requisito empezar a buscar trabajo dentro de la economía formal. Algo parecido es lo que planteó Alberto Fernández con el nuevo Programa Potenciar Trabajo. “Empezamos a revisar el sistema de planes que teníamos para que dejen de ser planes sociales, que fue lo que el gobierno anterior decidió, que no exigieran contraprestación a quien los recibía. Ahora todo aquel que tenga un plan va a tener que tener como contraprestación un trabajo que hacer, y de ese modo vamos a tratar de reactivar un número de personas que hoy en día están fuera del circuito del trabajo”, explicó.

El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) es un antecedente fundamental. Pero el hecho de que se planeara para 3 millones de personas y se anotaran 11 millones evidencia el déficit en el alcance estatal en la regulación de la economía informal. Son 8 millones de personas que necesitaban los $10 mil y el Estado ni siquiera las tenía en el mapa. “Argentina ha pagado el 50% de 2,5 millones de personas que tienen un sueldo reconocido y ha pagado un IFE a 9 millones de personas que no tienen un sueldo. Si suman, es prácticamente la población activa del país”, afirmó Fernández.

Con el IMV, en un escenario donde la caída de la recaudación en Argentina es brutal, se abre la posibilidad de que una gran porción de la sociedad pase a trabajar en blanco y empiece a tributar. Ni hablar de los efectos en el sistema productivo: el Estado inyecta dinero en los consumidores; aumenta la demanda; aumenta la producción para respaldar esa demanda.

UN DEBATE COSMOPOLITA

Como consecuencia del contexto mundial, esto es algo que atraviesa la agenda de todos los países. España es el caso más reciente en donde se aplicó, pero la misma discusión se está dando en Alemania, donde más de 20 organizaciones y 160 intelectuales, políticos y personalidades de la cultura le exigieron al Estado un debate serio al respecto; en Colombia, donde 54 senadores impulsaron un proyecto en este sentido; en México; en Estados Unidos; en Reino Unido; en Chile, por poner algunos ejemplos.

En el caso de Latinoamérica su tratamiento es fundamental dada su pobreza estructural, el problema del hambre y la brecha socioeconómica entre los que más y menos tienen. La CEPAL recomendó su implementación. Según sus cálculos, el gasto adicional por parte de los gobiernos sería del 2,1% del PBI con el objetivo estratégico de llevarlo –a largo plazo– hacia algo permanente representando en tal caso un gasto del 10% del PBI.

¿QUIÉN PAGA LA FIESTA?

Tal como lo planteó el Financial Times, para llevar a cabo una inversión de semejante se necesita del aporte de los sectores más pudientes. El Estado no puede hacerse cargo con la estructura impositiva actual. El impuesto a las grandes fortunas está completamente emparentado. Si lo recaudado con este tributo se destina a un Ingreso Mínimo Vital, se aplica una doble lógica redistributiva: por el cobro del impuesto a las personas de mayor patrimonio y por la entrega de los recursos a las personas con más necesidades.