El Grupo de Puebla, el foro que nuclea a funcionarios y exmandatarios latinoamericanos de signo progresista, advirtió este jueves que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es víctima de una «guerra jurídica (lawfare)» en el juicio oral por la obra pública en la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015.

«El Grupo de Puebla lamenta y rechaza la guerra jurídica (lawfare) que se está llevando a cabo contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en un proceso plagado de contradicciones y motivado por oscuros intereses políticos de poderosos conglomerados económicos», aseguró el espacio político y académico en una declaración firmada por 26 dirigentes políticos de América Latina.

En el pronunciamiento, además, manifestaron que «este caso confirma la tendencia riesgosa pero lamentablemente común a otros casos en América Latina contra expresidentes como Luis Inácio Lula da Silva, Rafael Correa, Evo Morales y Dilma Rousseff, con un común denominador: las retaliaciones por su labor del lado del progresismo».

Por último, expresaron su «repudio a esta persecución» y alertaron «sobre los graves riesgos que entraña para la democracia argentina».

Varios expresidentes de la región y de España suscribieron el documento que alude a las «contradicciones» del juicio oral llevado a cabo por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, como también a las motivaciones que subyacen detrás del proceso.

Entre los firmantes se encuentran la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff; el exjefe de Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero; el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, y sus pares de Ecuador, Rafael Correa, y de Paraguay, Fernando Lugo.

Otras personalidades que suscribieron el documento son los excancilleres Celso Amorim (Brasil), Ricardo Patiño (Ecuador) y Gillaume Long (también de Ecuador), la ministra de Igualdad del Gobierno español y representante de Podemos, Irene Montero.

En la lista de 26 firmas aparecen también Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal); el referente chileno y excandidato presidencial por el Partido Progresista Marco Enríquez-Ominami; y el exintendente de Montevideo y excandidato a la Presidencia de Uruguay por el Frente Amplio, Daniel Martínez,

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es juzgada en un proceso en el que se investigan supuestos delitos vinculados a la concesión de licitaciones de obra pública de Vialidad en Santa Cruz entre los años 2003 y 2015, y en el cual el fiscal Diego Luciani acusa a los imputados de conformar una «asociación ilícita».

Sobre las imputaciones realizadas por Luciani, el viceministro de Justicia Juan Martín Mena dijo el martes por la noche que se trata de un «alegato cinematográfico, demasiado coacheado y se nota muchísimo» y acusó al fiscal de seguir «a rajatabla un guión que no tiene nada que ver con el funcionamiento de un juicio oral y público».