En el segundo día del tratamiento de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, el gobierno nacional tuvo que dar el brazo a torcer en cuanto a la reforma electoral que quería llevar adelante ya que toda la oposición se opuso al proyecto que pedía por la eliminación de las PASO, la implementación de la Boleta Única y el cambio de sistema de votación.

Tanto Germán Martínez (UP), Silvia Lospennato (PRO), Soledad Carrizo (UCR) como Margarita Stolbizer (Hacemos Coalición Federal) afirmaron frente al ministro del Interior, Guillermo Francos, que no estaban a de acuerdo con la reforma ni que es el momento para discutirlo, teniendo en cuenta que son sesiones extraordinarias.

“Lo que pasó con Francos expone la falta de nexos entre la Casa Rosada y el Congreso. Claramente no sabía que se iba encontrar con ese panorama. Nadie le avisó que lo que venía a presentar no tenía ningún tipo de aval”, razonó un legislador peronista luego de que el funcionario nacional libertario discutió con los legisladores y se retiró a los gritos con el diputado de Unión por la Patria Leandro Santoro.

“Si negocian bien y buscan consensos, se pueden llevar una ley aceptable, con el respaldo del Congreso, y que les va a servir para poder lanzar un plan de estabilización. Si no lo hacen así, se golpearán la cabeza contra la pared. Esperemos que se den cuenta. Nosotros ya dimos muestras claras de que queremos acompañar”, sostuvo un legislador del PRO. El bloque que conduce Cristian Ritondo se ha mostrado totalmente abierto a colaborar por lo que la aparición de un interlocutor que pueda dialogar es de extrema necesidad.

El bloque Hacemos Coalición Federal, compuesto por 23 diputados y con gran peso a la hora de aprobar la ley, piden discutir la cantidad de empresas que el Gobierno quiere privatizar, los términos del blanqueo que propone el proyecto y los plazos de la delegación de poderes. Un reclamo similar a la que tiene el bloque de la UCR, el otro espacio importante para obtener los votos necesarios.

Mientras tanto, en el Senado, donde se intentó tratar la implementación de la Boleta Única de Papel aún no cuenta con los 37 votos necesarios para una mayoría especial y la sesión aún no tiene fecha. El oficialismo está sientiendo lo que es la falta de poder en las dos cámaras del Congreso.

En este contexto, el martes el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, aseguró que el Gobierno está dispuesto a modificar los plazos de la emergencia pública que figura en el artículo 3 de la ley y que extiende la declaración en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energéticas, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025.

Mientras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que sacarán del proyecto el artículo 331 que prohibía la reunión de más de tres personas para evitar que se agrande la polémica. Bullrich se mostró predispuesta a hacer esos pequeños cambios pero subrayó en la necesidad de que se apruebe la ley para poder generar un cambio fuerte en las reglas de juego de la Argentina.

Otro punto que Gobierno ya descartó es la primera redacción de los artículos vinculados a los límites de la actividad pesquera en el Mar Argentino, la descarga en puertos argentinos, la generación de empleo local, el mantenimiento de la Zona Exclusiva y la competencia por los cupos de pesca con empresas extranjeras. La presión que ejercieron los gobernadores patagónicos, liderados por el mandatario de Chubut, Ignacio Torres, rindió sus frutos.

“Es el momento en que deben tener pragmatismo y empezar a puntear los cambios. Falta alguien que con la birome en la mano”, explicó uno de los legisladores del bloque de Miguel Pichetto. Sin embargo, siguen sin aparecer nombres propios para negociar las modificaciones.

Hay otros artículos que el Gobierno deberá debatir por demás en las comisiones parlamentarias y que se presagian como puntos claves dentro del megapaquete.

Entre las medidas que el Gobierno considera claves, la suspensión de la movilidad jubilatoria y el blanqueo están previstas como algunas que pueden tener un trámite favorable.

En tanto, en LLA estiman dificultades sobre la normativa que elimina las autorizaciones para que la toma de deuda en moneda extranjera requiera una ley especial del Congreso; algo que se presagia clave para la gestión económica a cargo de Luis Caputo.

Desde el Ejecutivo también asumen que deberán debatir largo y tendido sobre cada empresa pública que se dispuso para regularizar y privatizar, las cuales dependerán de los sectores más dialoguistas de la oposición. Uno de los referentes de esa ala, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, ya advirtió su negativa a la venta de YPF o el Banco Nación, ya que «tienen un impacto en muchas ciudades y economías del interior del país».