Salvo que ocurra algún imprevisto de último momento, como ya ha sucedido en otras ocasiones, el gobierno de Javier Milei tomó la decisión de nombrar por decreto a los dos candidatos propuestos para integrar la Corte Suprema, y la medida podría oficializarse en breve.

Los elegidos son Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, los postulantes respaldados por el Ejecutivo y enviados al Senado en mayo del año pasado. El Gobierno cuenta con un plazo que vence el sábado, cuando el presidente abrirá el período de sesiones ordinarias en el Congreso, para concretar los nombramientos bajo este mecanismo contemplado en la Constitución. Ayer, tanto en la Casa Rosada como en ámbitos judiciales, circuló la versión de que el decreto ya estaba listo para la firma de Milei y que su publicación en el Boletín Oficial sería inminente.

Este mismo procedimiento fue utilizado por el ex presidente Mauricio Macri cuando, a solo cuatro días de asumir en 2015, designó en comisión a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti mediante el decreto 83. En ese momento, la Corte se encontraba con solo tres integrantes —Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco— tras la renuncia de Carlos Fayt, que se había hecho efectiva 72 horas antes, y la salida previa de Raúl Zaffaroni un año atrás.

Una conformación de solo tres integrantes, como ocurre en la actualidad. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede hoy, el gobierno de Mauricio Macri en su momento enfrentó cuestionamientos desde la oposición y, al ser más receptivo a esas críticas que la administración actual, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti esperaron a obtener el visto bueno del Senado antes de asumir sus cargos en la Corte.

En cambio, La Libertad Avanza optó inicialmente por un enfoque distinto —un plan impulsado y gestionado por el consultor Santiago Caputo—, aunque sin éxito hasta ahora. Durante seis meses, el oficialismo intentó reunir en el Senado la mayoría de dos tercios necesaria para aprobar los pliegos de los candidatos, especialmente el de Ariel Lijo, quien logró sumar un respaldo significativo entre varios gobernadores. No obstante, con el tiempo, Javier Milei y su equipo llegaron a la conclusión de que las negociaciones con el Partido Justicialista y, en particular, con el kirchnerismo no prosperarían. Además, con un año atravesado por elecciones, el escenario político tampoco parece propicio para avanzar en la Cámara alta con esta estrategia.

Durante estos meses, el Gobierno llevó adelante negociaciones en paralelo tanto con la oposición dialoguista como con el peronismo vinculado al kirchnerismo, con el objetivo de conseguir que el juez federal de la capital lograra los dos tercios necesarios en el Senado para su nombramiento en la Corte. Ariel Lijo, de hecho, obtuvo dictamen de mayoría, y desde la Casa Rosada se buscó hasta último momento que su pliego fuera tratado en el recinto, con el último intento registrado el viernes pasado. Sin embargo, la controversia generada por el frustrado lanzamiento de $LIBRA, que impactó de lleno en el presidente y su círculo más cercano, volvió a deteriorar los lazos con la oposición.

Ayer, sin ir más lejos, el jefe del bloque peronista en el Senado, José Mayans, estrecho colaborador del gobernador Gildo Insfrán y alineado con Cristina Kirchner, confirmó públicamente, frente a la sede del Partido Justicialista y antes del encuentro partidario encabezado por la ex presidenta, que el espacio de Unión por la Patria no asistirá este sábado a la apertura de sesiones ordinarias. De este modo, el oficialismo enfrentará un escenario con bancas vacías en la Asamblea Legislativa, donde Javier Milei dará su discurso.

Hasta la semana pasada, en el Gobierno aún persistía un margen de optimismo respecto a la posibilidad de que el pliego de Ariel Lijo lograra la aprobación del Senado. No ocurría lo mismo con el del académico Manuel García-Mansilla, quien ni siquiera consiguió dictamen de comisión. A pesar de su cercanía ideológica con el oficialismo, la Casa Rosada mostró un escaso interés en construir el respaldo legislativo necesario para su designación.

«Depende de Cristina», fue la respuesta que dieron desde el Ejecutivo cuando se les consultó sobre el futuro del nombramiento del juez federal, quien, en teoría, contaba con el visto bueno de la ex presidenta y de los legisladores de su sector. Actualmente, este grupo cuenta con 34 integrantes tras la expulsión de Edgardo Kueider y la asunción de Stefanía Cora, dirigente entrerriana de La Cámpora que completará su mandato. Sin embargo, en la previa de la sesión, la ex mandataria dejó en claro que no garantizaría el quórum ni instruiría a los senadores que le responden para que votaran a favor—ninguno de ellos, de hecho, apoyó la suspensión de las PASO en su momento—.

En cuanto a Lijo, varios gobernadores peronistas, encabezados por Gerardo Zamora, manifestaron directamente a Cristina Kirchner su respaldo a la candidatura del magistrado, dejando en evidencia la división dentro del espacio en torno a su designación.

Para la Casa Rosada, las señales que envió el PRO no fueron consistentes. Mientras el gobernador Ignacio Torres de Chubut expresó que apoyaría el pliego, su par Rogelio Frigerio optó por mantener una postura neutral en público. En contraste, Mauricio Macri ejerció presión dentro del bloque para oponerse al magistrado, llegando incluso a contactar a algunos gobernadores para intentar influir en su decisión. Sin embargo, en el caso de Torres, la presión no resultó efectiva. Sorprendentemente, Horacio Rodríguez Larreta también tomó la misma decisión de rechazar al candidato, a pesar de que todavía tiene una fuerte influencia sobre Guadalupe Tagliaferri.

Más allá de las posturas de los distintos bloques partidarios y de la decisión del Gobierno, Lijo también habría modificado su posición en los últimos días, mostrando disposición a ser nombrado por el presidente en comisión. Tanto en el ámbito judicial como en el Ejecutivo se reconoce el desgaste natural del proceso. “La moneda está en el aire”, admitieron la semana pasada en los corredores de Comodoro Py. Además, fuentes del gobierno libertario comentaron sobre la crisis relacionada con el caso $LIBRA y su impacto en la administración, aunque hay quienes creen que esa crisis ya comienza a superarse. La diversidad de temas recientes en la agenda pública podría motivar a Milei a firmar el decreto antes de la apertura de sesiones del sábado. Entre esos temas se incluye la controversia por la abstención del gobierno en la ONU respecto a la invasión rusa en Ucrania, así como la reciente venta de Telefónica de su filial argentina a Telecom, una transacción que ronda los 1.245 millones de dólares y que ha sido enérgicamente cuestionada por Milei a través de un comunicado de la Oficina del Presidente y por una avalancha de críticas en las redes libertarias.