Con una estrategia renovada y una intención de dejar fuera del juego a Mauricio Macri, el Gobierno nacional prepara una segunda licitación para la concesión de la Hidrovía, la principal ruta de exportaciones del país. Entre las modificaciones más significativas se destacan la reducción del plazo contractual de 30 a 20 años, el aumento en la profundidad de dragado y la exclusión de compañías estatales extranjeras, medida que afectó directamente a empresas como la china CCCC.

El nuevo pliego, que será auditado por las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo de la ONU (UNCTAD) a pedido del presidente, Javier Milei, apunta a un proceso más sólido, sin cuestiones judiciales que marcaron el fallido intento anterior. La primera convocatoria, lanzada en febrero, había terminado en escándalo tras la judicialización del proceso impulsada por la empresa belga DEME, patrocinada por los poderosos estudios Cassagne y Marval, O’Farrell & Mairal.

A pesar de que once compañías se mostraron interesadas, solo DEME presentó una oferta formal. La acción legal presentada fue rápidamente desestimada por el juez Enrique Lavié Pico, pero dejó al descubierto los vínculos de la firma con sectores de la Sociedad Rural Argentina (SRA), el expresidente Mauricio Macri y Pieter Jan De Nul, hijo del propietario de la actual concesionaria.

En la Casa Rosada creen que Macri maniobró desde las sombras para favorecer a Boskalis Dredging International, una empresa con lazos personales con la reina Máxima Zorreguieta. La interna con el líder del PRO se intensificó cuando Santiago Caputo, referente cercano al Presidente, le cerró públicamente las puertas con un mensaje directo: «Mauricio, por décima vez: no te vamos a dar la Hidrovía», replicó la agrupación Las Fuerzas del Cielo.

Para evitar una nueva ola de impugnaciones, el titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), Iñaki Arreseygor, puso en marcha una ronda de consultas que tendrá su próxima parada el 23 de julio en Entre Ríos, con participación de empresarios, académicos, ambientalistas y representantes provinciales.

El Gobierno libertario pretende lograr, tras las elecciones de octubre, una adjudicación sin sobresaltos que le permita encarar la segunda etapa de gestión con respaldo institucional. A diferencia del intento anterior, ahora cuenta con el aval de cámaras empresariales clave como la UIA, la Bolsa de Comercio de Rosario y CIARA-CEC. En un comunicado conjunto, las entidades destacaron «el avance positivo del nuevo proceso licitatorio» y remarcaron la necesidad de mantener el debate dentro de marcos técnicos e institucionales. También acompañaron los cambios introducidos al pliego, como la incorporación de nuevos tramos como el Paraná-Guazú y el Pasaje Talavera.

Las tareas de dragado, balizamiento y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal están, por ahora, bajo gestión estatal con subcontratación a Jan de Nul y Emepa, sin participación directa en el nuevo proceso. De hecho, sorprendió que Jan de Nul, histórica adjudicataria desde 1996, no se presentara para competir con DEME en el llamado anterior.

Durante la administración de Alberto Fernández se había lanzado otra licitación internacional, que fue dada de baja tras impugnaciones de oferentes como la danesa Rodhe Nielsen y la china Shanghai Dredging, hoy inhabilitada por decisión del actual gobierno.

En este contexto, el oficialismo buscará blindar el nuevo llamado con apoyo técnico de la ONU y consenso con todos los sectores implicados. El proceso, además de definir quién se hará cargo del mantenimiento del sistema logístico más importante del país, también servirá como una pulseada de poder entre el gobierno de Milei y los actores que históricamente controlaron los negocios de la Hidrovía.

 

Los primeros pasos para privatizar la Hidrovía

 

Primero, en 2024 el Gobierno disolvió el ente estatal que controlaba y gestionaba desde 2021 esa ruta estratégica y del que participaban 7 provincias. Y este viernes, habilita a la Subsecretaria de Puertos a licitar tanto la administración, como tareas de ampliación y mejora, dragado y mantenimiento.

La resolución 709 del Ministerio de Economía, firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el jefe de Hacienda, Luis Caputo, hace uso de la delegación de facultades otorgada al Poder Ejecutivo por la Ley Bases para instruir al área de Puertos, dependiente de la Secretaría de Transporte, a que encabece el proceso de llamado de licitación nacional e internacional para concesionar, de manera total o por tramos, esa vía navegable.

En los considerandos de la resolución se remarca que el proceso licitatorio, establecido cuando se nacionalizó hace tres años la Hidrovía no tuvo avances y se puntualiza que “las circunstancias actuales ameritan la revisión y simplificación del objeto del contrato de concesión, con el fin de posibilitar la inmediata ejecución de las obras de mejoras requeridas para el eficiente funcionamiento de la infraestructura referida, la optimización de su uso, el aprovechamiento de las capacidades de carga de los buques y el alcance de las profundidades requeridas por los usuarios en sus distintos tramos”.

“Resulta necesario asegurar la regularidad, continuidad y eficiencia en la prestación de los servicios comprendidos, con el firme propósito de llevar adelante la postergada licitación pública y, en consecuencia, adjudicar la concesión de los servicios de la Vía Navegable Troncal, a largo plazo, a empresas y actores del sector privado”, enfatiza la norma.

Por eso, Economía delega en la Subsecretaría de Puertos la facultad de efectuar el llamado y adjudicación de la licitación pública nacional e internacional por el régimen de concesión de obra pública por peaje para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado, redragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal comprendida entre el kilómetro 1238 del Río Paraná (Confluencia), hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales, en el Río de la Plata exterior, hasta la altura del kilómetro 239,1 del canal Punta Indio, por la vía del Canal Ingeniero Emilio Mitre y el Río Paraná de las Palmas, Río Paraná Bravo, Río Paraná Guazú, Río Talavera, Río Paraná–océano Atlántico.

La resolución establece, además, que la estatal Administración General de Puertos (AGP), a cargo de la concesión desde 2021 de la hidrovía, “deberá mantener el actual nivel de prestación de servicio, pudiendo para ello continuar percibiendo el peaje correspondiente, hasta tanto tome posesión quien o quienes resulten adjudicatarios de la licitación pública”.