El debate sobre la posible eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) ha vuelto a instalarse en la agenda política nacional, impulsado por el oficialismo y algunos gobernadores que buscan redefinir el sistema electoral. Mientras el Gobierno explora opciones para incluir esta medida en el Presupuesto 2025, los cruces internos, las diferencias con aliados y el impacto económico de las elecciones complican el avance de esta controvertida reforma, que podría modificar sustancialmente el panorama electoral del próximo año.

Siguiendo la línea de las administraciones anteriores, la gestión libertaria también busca derogar las PASO. De lograr un cierto consenso, esta medida podría incorporarse al Presupuesto 2025, cuya discusión está programada para la próxima semana en la Cámara de Diputados. Una propuesta de reforma política que contemplaba el fin de las primarias había sido incluida en el proyecto inicial de la ley Ómnibus, pero terminó siendo excluida en la versión reducida de la ley de Bases que fue finalmente aprobada.

Por lo general, los gobernadores coinciden con la idea de eliminar las PASO. Además, la reciente decisión de implementar la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional ha generado dificultades adicionales para las provincias que habitualmente coordinan sus elecciones con las nacionales, como ocurre en Buenos Aires. En caso de no lograr el quórum necesario para este cambio, la modificación quedaría postergada hasta 2026.

Como suele ocurrir con las principales estrategias políticas del oficialismo, detrás de esta iniciativa se encuentra el influyente asesor Santiago Caputo, acompañado por María Ibarzábal, secretaria de Planeamiento Normativo y persona de su confianza, quien fue la encargada de redactar el proyecto. La decisión de incluir esta propuesta en el Presupuesto responde a la lógica de redistribuir el financiamiento electoral y de campaña. Al eliminar las PASO, esos recursos podrían destinarse a otras prioridades.

La reforma también contempla la eliminación de la elección directa de los legisladores del Parlasur, un organismo cuestionado por el Gobierno, que ya había sido desfinanciado, incluso suprimiendo los viáticos de sus integrantes. En este contexto, es habitual que los oficialismos, tanto nacionales como provinciales y municipales, cuenten con mayores recursos y ventajas para enfrentar procesos internos. Por ello, suelen oponerse a las PASO, que benefician a candidatos con menos recursos y menor exposición pública.

De acuerdo con lo establecido, las modificaciones al sistema electoral deben realizarse en años no electorales. Esto significa que el Gobierno cuenta únicamente con las semanas restantes de las sesiones ordinarias y el eventual período de extraordinarias para avanzar con la eliminación de las PASO, previstas para agosto del próximo año. Al menos una de las cámaras del Congreso debería aprobar la propuesta para que avance.

Una alternativa más viable sería incluir esta medida, aunque sea de forma simbólica, dentro del Presupuesto 2025, lo que requeriría un acuerdo con los gobernadores. Sin embargo, un obstáculo significativo es la postura de algunos aliados del PRO, quienes han manifestado su intención de mantener las PASO, ya que podrían servirles en distritos como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) o la Provincia. No obstante, las últimas encuestas muestran una caída considerable en su intención de voto, lo que pone en duda el beneficio real que podrían obtener de estas primarias.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ha sido uno de los funcionarios nacionales más contundentes al señalar la necesidad de eliminar las PASO. Según expresó: «Es un costo enorme para el Estado; una molestia generalizada para los ciudadanos, que tienen que decidir sobre internas de partidos que no les interesan.» No obstante, reconoció que el oficialismo no cuenta con los votos necesarios en el Congreso para avanzar con esta reforma, aunque los recientes diálogos con gobernadores han generado una posibilidad para retomar la discusión. Pese a que hay proyectos similares presentados por legisladores de distintas bancadas, ninguno logró avanzar lo suficiente como para obtener dictamen en comisión.

En Unión por la Patria no existe una postura clara sobre el tema, aunque la eliminación de las PASO nacionales podría favorecer al gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Este ha iniciado consultas con intendentes para definir cómo actuar frente a la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional. Los jefes comunales le han solicitado que desdoble las elecciones provinciales y, si es posible, elimine las PASO en Buenos Aires. Sin embargo, las PASO bonaerenses están ligadas legalmente a las normas nacionales, por lo que cualquier cambio requeriría una modificación a través de la Legislatura provincial.

En caso de que las primarias sean eliminadas a nivel nacional, parece lógico que se adopte la misma medida en la Provincia. No obstante, el desdoblamiento de las elecciones provinciales enfrenta un obstáculo importante: según estimaciones iniciales del gobierno bonaerense, el costo de realizar un comicio separado rondaría los 100 mil millones de pesos. Desde Nación ya adelantaron que no aportarán fondos para financiarlo, lo que complica aún más las decisiones de Kicillof y los intendentes.