El Gobierno nacional publicó este martes un mensaje en redes sociales con motivo del Día del Niño por Nacer, en el que ratificó su posición en “defensa de la vida desde la concepción”, contraria a la Ley N° 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada en 2020. “Este 25 de marzo celebramos el Día del Niño por Nacer, haciendo un llamado a proteger a quienes aún no tienen voz”, señaló el posteo desde la cuenta oficial de Casa Rosada.

La efeméride fue instaurada en 1998 por decreto del entonces presidente Carlos Menem. Argentina fue uno de los primeros países en declarar la fecha de manera oficial y, pese a los cambios de signo político, nunca se modificó. El Ejecutivo recuperó esa tradición con un mensaje que sostuvo: “Reafirmamos la vocación histórica de Argentina de promover la cultura de la vida con la certeza de que ella siempre triunfa sobre la muerte”.

La consigna “pro vida” atraviesa al oficialismo, incluso en medio de las tensiones internas. La vicepresidenta Victoria Villarruel avaló este miércoles actividades en el Senado, entre ellas el ciclo “Hablan los expertos: La defensa del niño por nacer”, organizado por la senadora Carmen Álvarez Rivero (LLA) y el Centro de Estudios Civilitas, con la participación de referentes de la Iglesia y especialistas en bioética.

En paralelo, el flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, anunció que el Gobierno avanzará en la redacción de un nuevo Código Penal. En X, detalló que se endurecerán penas y se incorporarán nuevos delitos como estafas piramidales, “viuda negra”, motochorro, daño animal y picadas. También se prevé agravar sanciones en casos de incumplimiento de deberes alimentarios, grooming y abuso sexual infantil.

A pesar de la postura oficialista, el Ejecutivo no hizo anuncios respecto al femicidio, que ampliará el agravante cuando los crímenes estén motivados por el género de la víctima.

Aunque el presidente Javier Milei se manifestó en varias oportunidades contra la IVE, fuentes oficiales señalaron que no habrá cambios en la ley sancionada en 2020, cuyo cumplimiento es recomendado por el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).