La resolución fue publicada a través de la Decisión Administrativa 1/2025 en el Boletín Oficial. Así es que las actualizaciones salariales quedan supeditadas al cumplimiento del Presupuesto nacional, que será el mismo que 2023 tras la prórroga del Gobierno.

El informe oficial señala que la disposición apunta a asegurar la «igualdad salarial» y preservar la «coherencia en las negociaciones salariales» durante el ejercicio fiscal 2025. Según lo expresado en el documento, estas pautas pretenden maximizar la utilización de los recursos estatales y avanzar hacia un balance fiscal sostenible.

Tal como lo establece el decreto prorrogado, la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público continuará cumpliendo una función clave en el análisis y revisión de las condiciones salariales, garantizando un enfoque alineado en las negociaciones colectivas.

La regulación estipula que las jurisdicciones y entes descentralizados, junto con las empresas y sociedades estatales, deberán pactar los incrementos salariales exclusivamente dentro de los límites presupuestarios establecidos.

De igual manera, se recalca que cualquier modificación en las remuneraciones del personal debe contar con la aprobación previa de los organismos competentes, entre ellos la mencionada Comisión Técnica Asesora. Además, se enfatiza que los acuerdos colectivos deberán respetar los procedimientos fijados por la Ley de Contrato de Trabajo y otras normativas aplicables.

De este modo, la prórroga facilita la aplicación de criterios uniformes en las negociaciones colectivas, previniendo desigualdades salariales entre las diferentes áreas del sector público.