El Gobierno nacional podría iniciar en breve un pedido de procedimiento preventivo de crisis en Aerolíneas Argentinas si los gremios aeronáuticos no presentan una «propuesta superadora» que permita reducir las medidas de fuerza y estabilizar el sector. Esta medida fue anunciada en una jornada marcada por la reanudación de paros tras dos meses de tregua.

El procedimiento preventivo de crisis, regulado por el Ministerio de Trabajo, es necesario para que una empresa deje de operar, y si se aprueba, limita los derechos gremiales y la influencia sindical.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) indicó que el Gobierno los convocó a una reunión paritaria este viernes, luego de suspender el diálogo tras un cese de actividades en el centro de formación Cefepra, que provocó cancelaciones de vuelos debido a la falta de pilotos para los Airbus 330.

El conflicto gremial escaló el miércoles, cuando una asamblea sorpresa de trabajadores de Intercargo paralizó Aeroparque y Ezeiza, dejando a miles de pasajeros varados. La medida, en respuesta al despido de un trabajador, fue respaldada por la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que exigió su reincorporación y acusó a Intercargo de actuar «arbitrariamente» en un comunicado.

«La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) informa que la empresa Intercargo decidió despedir arbitrariamente y sin causa a un trabajador de la base Aeroparque. Exigimos de forma urgente su ilegítima reincorporación. Advertimos que puede haber demoras por reuniones informativas», expresaron.

Y agregaron: «No vamos a permitir este tipo de provocaciones, menos aún en medio de la irresponsabilidad de Fernando Montes, Presidente de Intercargo, y sus gerentes frente a una paritaria interrumpida intencionalmente para perjudicar económicamente al conjunto de trabajadores/as de Intercargo».

En este contexto, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia judicial contra sindicalistas por «secuestro de personas», privación ilegítima de la libertad, extorsión y obstrucción del transporte aéreo. La denuncia fue realizada en el Juzgado 11, a cargo del juez Julián Ercolini.