El Banco Central impidió que el Banco Provincia brinde créditos a los municipios bonaerenses para enfrentar el pago del medio aguinaldo en junio. La administración de Axel Kicillof intentó ofrecer esa ayuda a los intendentes mediante préstamos con un plazo de devolución de 180 días, pero el organismo monetario lo rechazó de plano.

La negativa se sostuvo en una interpretación técnica. El BCRA recordó que las entidades bancarias no pueden financiar al sector público no financiero, excepto bajo condiciones muy restrictivas. En ese marco, aclaró que sólo podría autorizarse asistencia con vencimientos a 15 días hábiles. Los intendentes consideran esa exigencia impracticable, dado el deterioro de las cuentas municipales.

Aunque la decisión tuvo un tono burocrático, se leyó como un mensaje político. La gestión de Javier Milei volvió a apuntar contra el gasto público provincial y municipal. En línea con ese enfoque, Luis Caputo reafirmó que la Casa Rosada no prolongará el ajuste sobre el Tesoro nacional. “No podemos seguir bajando cinco puntos por año el gasto del Tesoro Nacional. El esfuerzo ahora lo tienen que hacer provincias y municipios”, declaró el ministro de Economía.

La postura oficial se mantuvo firme, a pesar de las señales de alerta que lanzaron los jefes comunales. La mayoría admite que atraviesa dificultades para pagar salarios y aguinaldos. Varios ya comunicaron la situación al gobierno bonaerense. Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia, confirmó esas gestiones. “Hay municipios que vienen pagando sueldos en cuotas y están muy preocupados por el pago del aguinaldo”, señaló.

Desde la administración de Kicillof intentaron relativizar el impacto de la decisión del Central. Voceros oficiales respondieron que se trató sólo de una consulta y no de una solicitud formal. Aun así, en muchos distritos del interior reconocen que la situación financiera es delicada.

En partidos como Saavedra, Coronel Suárez y Guaminí, las autoridades locales decidieron aplicar recortes y congelamientos de haberes para ganar tiempo. Al mismo tiempo, reclamaron asistencia ante la proximidad del vencimiento del Salario Anual Complementario. En estos municipios, los ingresos por coparticipación representan más del 70% del presupuesto, por lo que cualquier caída en las transferencias impacta directamente sobre la capacidad de funcionamiento.

Durante el primer trimestre de 2025, las transferencias automáticas a las provincias se redujeron en un 19,4% en términos reales respecto al mismo período del año anterior. El derrumbe en la actividad económica, el atraso en el cobro de tasas municipales y el encarecimiento de los insumos profundizaron ese escenario.

En algunos distritos del Conurbano también comenzaron a surgir inconvenientes. Aunque esos municipios cuentan con mayor recaudación propia, varios advirtieron que no logran cubrir los pagos a proveedores o cumplir con los compromisos básicos.

En ese contexto, intendentes de distintos signos políticos comenzaron a organizarse a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para plantear una estrategia conjunta ante Nación. Según relataron fuentes cercanas a esos encuentros, el recorte de recursos y la caída de la recaudación dejaron a los municipios con pocas herramientas para sostener el funcionamiento básico del Estado local.

Mientras tanto, el gobierno nacional mantuvo su presión. Eliminó fondos de asistencia, recortó transferencias discrecionales y transfirió la carga del ajuste a las provincias y comunas. La pulseada continúa, con el aguinaldo como primera prueba concreta.