La Cámara de Diputados aprobó con 138 votos afirmativos, 96 negativos y 9 abstenciones la media sanción a la ley de hojarasca. El proyecto, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, pretende derogar más de 70 normas consideradas “obsoletas” por el Gobierno.

Algunas de ellas regulan actividades sensibles, como la investigación y producción pública de medicamentos.

“LA LIBERTAD AVANZA. VIVA LA LIBERTAD CARAJO”, celebró el presidente Javier Milei tras la votación del proyecto en el Congreso, al retuitear una publicación de la diputada libertaria Patricia Vázquez que escribió en X. En el mensaje, la legisladora destacó que las leyes que pretenden eliminarse “limitan las libertades”.

Desde la oposición cuestionaron el tratamiento express del proyecto, ya que modifica áreas sensibles que necesitan un tratamiento pormenorizado y “esconde un proceso de desnacionalización”.

La iniciativa tiene varios puntos polémicos. Por ejemplo, entre sus artículos avanza con la derogación Ley N° 25.750 de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, que restringe el derecho de ejercer industria en algunas actividades particulares.

Además, la norma que pretende eliminarse establece que la propiedad de las empresas de comunicación deberá ser de capitales nacionales, limitándose la participación de los capitales extranjeros hasta un máximo del 30% del capital accionario y que otorgue derecho a voto hasta por el mismo porcentaje. Para el oficialismo “esta norma es de dudosa constitucionalidad e implica una restricción a la inversión extranjera”.

También propone derogar la Ley N° 14.800 que obliga a quien demuela una propiedad con salas de teatro construir un teatro con características similares a la propiedad demolida.

De igual manera, busca derogar la Ley N° 26.688, sancionada en 2011, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos, entendiendo a los mismos como bienes sociales.

Para el oficialismo, “la reglamentación de la ley demoró tres años y no impone acciones concretas. Es una ley primordialmente declamativa, sin consecuencia práctica alguna”, argumentan.