El presidente Javier Milei habilitó a su mesa política a trabajar en una nueva flexibilización de los trámites para que civiles puedan comprar y portar armas de fuego, con la mirada puesta en modelos internacionales como el de Estados Unidos, Suiza, República Checa, Italia y Uruguay.

La iniciativa se apoya en un proyecto impulsado por la senadora Patricia Bullrich, ya aprobado en Diputados, y busca ampliar la cantidad de personas habilitadas para portar armas en la vía pública.

De acuerdo con los últimos datos oficiales del Registro Nacional de Armas (RENAR), existen en Argentina 919.347 personas con Credencial de Legítimo Usuario (CLU), requisito indispensable para acceder legalmente a un arma de fuego. Sin embargo, más del 65% de esas credenciales están vencidas y apenas el 11% cuenta con permiso de portación. El Ejecutivo pretende regularizar las credenciales caducadas y, al mismo tiempo, facilitar el acceso a nuevas habilitaciones.

Una vez que inicie el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso, la mesa política de Balcarce 50 ordenará a su tropa del Senado avanzar con el proyecto de regularización de la tenencia legítima de armas de fuego y la prórroga del programa nacional de entrega voluntaria de armas, normas que fueron sancionadas en octubre pasado por la Cámara de Diputados. Aquella iniciativa recibió 142 votos a favor, con el rechazo casi unánime de Unión por la Patria, y luego se trabó en la cámara alta. Con la nueva conformación legislativa y con Bullrich al frente del bloque de La Libertad Avanza, el oficialismo confía en que podrá sancionar la ley.

El debate expone las contradicciones de Bullrich. En 2018, como ministra de Seguridad de Mauricio Macri, había declarado que prefería que “la gente no esté armada”. En la campaña presidencial de 2023, cuestionó duramente a Milei al advertir que liberar la venta de armas pondría en riesgo a los jóvenes. Hoy, en cambio, lidera la estrategia parlamentaria para aprobar la flexibilización.

El oficialismo argumenta que la portación civil condicional ya existe en la legislación nacional, aunque limitada a funcionarios públicos y miembros de las fuerzas de seguridad. Figuras cercanas al Gobierno, como el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Culto y Civilización Nahuel Sotelo, ya cuentan con permisos y portan armas de uso frecuente en la policía argentina y estadounidense.

El modelo estadounidense, donde la Segunda Enmienda consagra el derecho a comprar y portar armas, es el principal referente. Allí existen más de 393 millones de armas de fuego para 335 millones de habitantes, lo que equivale a 1,2 armas por persona. Milei y su equipo también estudian las regulaciones de Suiza, República Checa, Italia y Uruguay, que ofrecen distintos grados de flexibilidad en la tenencia y portación.