El Poder Ejecutivo formalizó la extensión del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) hasta el 8 de julio de 2027. La decisión quedó plasmada en el Decreto 105/2026, que modificó la reglamentación vigente del esquema incluido en la Ley 27.742, conocida como Ley de Bases.

La norma habilitó la única prórroga prevista por la ley y aseguró un año adicional para que las compañías presenten proyectos bajo el régimen. El Gobierno buscó sostener el ingreso de capitales y reforzar el atractivo del programa en sectores estratégicos.

Foco en hidrocarburos

El cambio más significativo impactó en el sector de petróleo y gas. El decreto incorporó dentro del régimen a los nuevos desarrollos de hidrocarburos líquidos y gaseosos en áreas costa adentro. Para esos emprendimientos fijó un piso mínimo de inversión de USD 600 millones en activos computables, en línea con los proyectos de exportación de gas.

El texto definió como “nuevos desarrollos” a las áreas que, al momento de la sanción de la ley, no registraron un nivel relevante de actividad y que tampoco contaron con inversiones productivas al momento de solicitar la adhesión.

Para las operaciones costa afuera, el Ejecutivo estableció un monto mínimo de USD 200 millones, en función del riesgo y la intensidad de capital que caracteriza a ese tipo de iniciativas.

Además, el decreto introdujo criterios para evitar la división artificial de proyectos de gran escala. También exigió mecanismos de segregación y trazabilidad cuando convivan en una misma área actividades alcanzadas y no alcanzadas por el régimen.

Tecnología y ampliaciones

La reglamentación también redefinió qué se considerará ampliación de proyectos existentes, con especial atención en el sector tecnológico. Ese rubro incluye biotecnología, nanotecnología, movilidad eléctrica, industria aeroespacial, software, robótica, inteligencia artificial e industria nuclear.

Desde ahora, el concepto de ampliación no se limitará al aumento de capacidad productiva. También abarcará la incorporación de nuevos productos con cambios tecnológicos sustanciales, siempre que cumplan condiciones específicas. Entre ellas, una inversión mínima de USD 250 millones y un ciclo de vida comercial de hasta diez años.

Beneficios fiscales y financieros

En el plano tributario, el decreto precisó el alcance de la amortización acelerada prevista en la Ley 27.742. La autoridad de aplicación podrá autorizar su uso para obras de infraestructura, plantas de procesamiento e instalaciones vinculadas a cada proyecto.

La norma también ajustó disposiciones sobre distribución de dividendos, importación de bienes de capital y acceso al mercado de cambios. Incluyó la posibilidad de computar divisas aportadas por accionistas o sociedades vinculadas, siempre que se destinen de forma exclusiva al Proyecto Único.

El régimen ofrece beneficios como la reducción del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, exención de derechos de exportación y ventajas en el IVA. También contempla mecanismos específicos para la resolución de controversias.

El balance oficial

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la decisión y detalló los cambios. “Prorrogamos por un año el RIGI y lo mejoramos para hacerlo más claro y eficiente. Incorporamos nuevos desarrollos en petróleo y gas con un piso de inversión de u$s600 millones y ordenamos la reglamentación para facilitar la implementación y dar mayor previsibilidad”, señaló.

Según precisó el funcionario, el régimen ya aprobó 10 proyectos por u$s25.479 millones y mantiene otros en evaluación. Las iniciativas se distribuyeron en sectores como energía, minería e infraestructura en provincias como Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Catamarca y Santa Fe.

Con la extensión hasta 2027, el Ejecutivo apostó a consolidar el RIGI como instrumento central para captar inversiones de gran escala y fortalecer áreas clave de la economía. El nuevo esquema reforzó el peso del sector hidrocarburífero y ajustó reglas para dar mayor previsibilidad a los inversores.