El receso parlamentario no implicó el cierre del Congreso, pero el oficialismo lo utilizó como si lo fuera. La Libertad Avanza sacó ventaja del intervalo entre el fin y el inicio de las sesiones ordinarias para dejar correr el Decreto de Necesidad y Urgencia que reestructuró la SIDE, sin control legislativo efectivo.

Javier Milei llegó a la Casa Rosada con la consigna de “la casta tiene miedo”. Sin embargo, durante su gestión recurrió a prácticas habituales de gobiernos anteriores. El DNU se firmó en los últimos días del año, en plena celebración de fin de ciclo, y con el Congreso fuera de funcionamiento pleno. Las sesiones extraordinarias finalizaron en diciembre y el Ejecutivo decidió retomarlas recién en febrero.

La maniobra tuvo un condimento adicional. El decreto se dictó después del recambio legislativo de diciembre, momento en el que todas las comisiones debieron volver a conformarse. El oficialismo solo avanzó con aquellas que resultaron funcionales a su agenda inmediata. Presupuesto tomó prioridad en ambas cámaras, al igual que las vinculadas a Legislación del Trabajo y Minería, en línea con la reforma laboral y los cambios a la ley de glaciares.

En cambio, La Libertad Avanza evitó activar dos comisiones bicamerales permanentes. Una controla los organismos de inteligencia. La otra, de Trámite Legislativo, debe analizar los DNU y funciona todo el año, incluso durante el “receso”. La Ley 26.122 fijó ese esquema para garantizar control parlamentario ante decretos firmados frente a situaciones “necesario y urgente”.

La falta de conformación de esos cuerpos dejó a diputados y senadores sin margen para debatir la validez y el alcance del DNU. El oficialismo ganó tiempo y mantuvo vigente un decreto con fuerza de ley, al menos hasta que ambas cámaras lo rechazaran.

Los reclamos opositores no modificaron el escenario. Los pedidos llegaron a Martín Menem y Victoria Villarruel, titulares de Diputados y del Senado. Ninguno aceleró el proceso. Desde los bloques críticos advirtieron sobre una estrategia coordinada con la Casa Rosada para estirar los plazos al límite constitucional.

La oposición también quedó expuesta. Dirigentes con experiencia parlamentaria reconocieron una “inmadurez institucional”. Los bloques no previeron la jugada oficialista y reaccionaron sin un plan común, pese a las advertencias previas. Algunos legisladores presentaron amparos judiciales, pero el grueso del Congreso permaneció fuera de actividad por las vacaciones.

El Ejecutivo contó con diez días hábiles para remitir el decreto al Parlamento y decidió usar cada jornada. Mientras tanto, el DNU siguió vigente, en un contexto de oposición fragmentada y condicionada por negociaciones provinciales por fondos y obras.

La vía judicial apareció como alternativa. Varias presentaciones cuestionaron la constitucionalidad del decreto. Hasta ahora, la Justicia no emitió fallos. El Gobierno logró su objetivo inmediato: mantener en pie la reforma de la SIDE sin control parlamentario efectivo, al menos durante el receso.