Con una fuerte apuesta para destrabar acuerdos en el Senado, el Gobierno envió 45 nuevos pliegos de jueces y fiscales federales y nacionales, muchos de ellos vinculados a provincias clave donde necesita respaldo político. La movida apunta a contener a sectores dialoguistas de la oposición y acelerar la cobertura de vacantes judiciales que hoy superan el 35% en todo el país.

Entre los nombres más relevantes aparece el de Tomás Rodríguez Ponte, histórico secretario del juez Ariel Lijo y actual titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), el organismo dependiente de la Corte Suprema encargado de las escuchas telefónicas judiciales y el análisis forense de comunicaciones.

El Ejecutivo propuso a Rodríguez Ponte para ocupar el juzgado federal N°2 de Lomas de Zamora, actualmente subrogado por Luis Armella. Se trata de un tribunal estratégico: allí tramita la investigación por presunto lavado de dinero contra el financista Ariel Vallejo, cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, además de expedientes vinculados a 16 clubes de fútbol.

Ese juzgado también tiene competencia sobre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde suelen investigarse causas relacionadas con narcotráfico, terrorismo, contrabando y lavado de activos.

Rodríguez Ponte está casado con la fiscal Alejandra Mángano, quien semanas atrás dictaminó a favor del cierre de la causa contra Manuel Adorni por el viaje a Nueva York junto a su esposa, Bettina Angeletti, al considerar que no existió delito.

La nómina enviada por la Casa Rosada incluye además la renovación del pliego del camarista laboral Víctor Pesino, conocido por haber dejado sin efecto la cautelar que frenaba la reforma laboral impulsada por el oficialismo.

También aparece Florentino Malaponte, propuesto para la Cámara Federal de Rosario, vinculado al radicalismo santafesino cercano al gobernador Maximiliano Pullaro. Otro de los nombres destacados es Javier Cosentino, impulsado para la Cámara Comercial luego de haber atravesado distintos intentos fallidos de designación durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández.

El Gobierno también remitió postulaciones para tribunales federales de Mar del Plata, Salta, Comodoro Rivadavia, Tucumán, Resistencia, Posadas, Catamarca, San Juan, Corrientes y Mendoza, con jueces y fiscales que deberán atravesar ahora el filtro de la Comisión de Acuerdos del Senado.

La estrategia oficial busca contener reclamos de gobernadores y bloques provinciales, que venían demorando los dictámenes para los primeros candidatos enviados por la administración libertaria. En el Senado advertían que, sin representación de las provincias en los pliegos, no habría respaldo político para avanzar.

En la Casa Rosada consideran que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, tomó nota de ese mensaje y aceleró el envío de nombres vinculados a distritos clave. Desde su llegada al cargo, ya se remitieron cerca de 150 postulaciones al Congreso.

La encargada de negociar esos respaldos es Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en la Cámara alta y principal interlocutora del Gobierno con los sectores dialoguistas. La senadora mantiene contacto permanente con Mahiques mientras intenta contener el malestar de radicales, peronistas federales, dirigentes del PRO y representantes provinciales.

La resistencia política había sido tan marcada que los primeros dictámenes impulsados por el oficialismo ni siquiera lograron reunir las nueve firmas necesarias en comisión. Faltaban apoyos de senadores tucumanos, correntinos, misioneros y bonaerenses, provincias que ahora aparecen contempladas en la nueva tanda de pliegos.

Las audiencias seguirán esta semana y se espera que algunos de los candidatos más controvertidos generen nuevos cruces en el Senado. Entre ellos figuran Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y Laureano Durán, señalado por sectores opositores por supuestos vínculos con el kirchnerismo, algo que el oficialismo rechaza.