El Gobierno nacional oficializó la disolución del Fondo Fiduciario Público Pro.Cre.Ar, el programa de acceso a la vivienda creado en 2012, mediante la Resolución 764/2025 y el Decreto 1018/2024. La medida genera incertidumbre entre los beneficiarios de créditos y quienes esperan la finalización de sus viviendas.

Según lo dispuesto, la administración de los créditos otorgados quedará en manos del Banco Hipotecario, que firmará un contrato con el Estado para mantener las condiciones originales de los préstamos. Esto significa que los titulares conservarán el monto, la tasa de interés y el cronograma de pagos sin modificaciones unilaterales.

En cuanto a las viviendas inconclusas, el Gobierno resolvió que su finalización dependerá de las provincias, municipios o del sector privado. Actualmente, hay alrededor de 17.000 unidades en desarrollo en distintos puntos del país, muchas de ellas con diferentes grados de avance. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) podrá gestionar la venta o cesión de los inmuebles que no tengan contratos vigentes.

La decisión se fundamenta en la necesidad de reducir el gasto público y transparentar la administración estatal, según informes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que detectaron demoras en la entrega de viviendas y sobrecostos en la gestión del programa. Sin embargo, la medida ha generado críticas por parte de sectores que consideran que la eliminación del Procrear afecta el acceso a la vivienda para miles de familias.

El futuro de los desarrollos urbanísticos y la continuidad de los créditos dependerá ahora de la capacidad de gestión de las provincias y del mercado inmobiliario, en un contexto de creciente demanda habitacional en Argentina.