En la antesala del debate que este jueves llevará adelante el Senado nacional sobre la reforma de la Ley de Tierras impulsada por el gobierno de Javier Milei, la senadora bonaerense, Malena Galmarini, presentó en la Cámara alta provincial un proyecto para establecer un límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales en Buenos Aires.

Al defender la iniciativa, afirmó: “Las tierras rurales no son zonas inútiles: concentran bienes estratégicos como agua dulce, biodiversidad, minerales y corredores logísticos. El proyecto busca consolidar una gestión estratégica de esos recursos, garantizando que su aprovechamiento se traduzca en un desarrollo sostenible y la protección del patrimonio ambiental”.

La propuesta de la legisladora de Fuerza Patria ratifica los principios del Régimen de Protección al Dominio Sobre la Propiedad o Tenencia de las Tierras Rurales, sancionado en 2011, y se presenta como una respuesta al proyecto del oficialismo nacional, que busca flexibilizar el límite vigente y permitir que personas extranjeras puedan adquirir hasta el 25 % de las tierras rurales.

En ese marco, la iniciativa fija que las personas extranjeras, o las empresas con más del 51% de capital extranjero, no podrán superar el 15% de la propiedad o posesión de tierras rurales en territorio bonaerense. Ese porcentaje también deberá respetarse dentro de cada municipio donde se encuentre el inmueble.

Asimismo, el proyecto establece mecanismos para impedir maniobras destinadas a eludir la normativa mediante la utilización de ciudadanos argentinos como titulares formales. Sobre ese punto, Galmarini advirtió que queda prohibida toda interposición de personas físicas de nacionalidad argentina para conformar una “titularidad nacional figurada” y remarcó: “Se considerará una simulación ilícita y fraudulenta”.

Otro de los ejes de la propuesta dispone que un mismo titular extranjero no podrá poseer más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo de la provincia. Además, prohíbe la propiedad o posesión de inmuebles que “sean ribereños de cuerpos de agua permanentes y los ubicados en zonas de seguridad de frontera”, con el objetivo de preservar áreas consideradas estratégicas.

La iniciativa también contempla la creación del Consejo Interministerial de Tierras Rurales, integrado por los ministerios bonaerenses de Justicia y Derechos Humanos, Desarrollo Agrario, Ambiente, Gobierno y Seguridad. Entre sus principales funciones estarán “ejecutar la política provincial sobre tierras rurales” y “determinar la equivalencia de superficies”.

Por último, el texto asigna al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia la responsabilidad de controlar el cumplimiento de la futura ley y emitir los certificados de habilitación necesarios para toda transferencia de derechos de propiedad o posesión de tierras rurales a personas extranjeras.