Esta mañana el Gobierno oficializó la derogación de la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que ocupan distintas comunidades indígenas del país, a través del decreto 1083/24. La norma eliminada había sido prorrogada por cada gobierno desde el 2006 y crece la preocupación por los desalojos.

El Decreto que lleva la firma del presidente Milei y de todo su gabinete entrará en vigencia este 11 de diciembre, desconoce la normativa que “reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.”

Según indica el DNU, la ley «impide el libre ejercicio de las actividades productivas y recreativas sobre las tierras involucradas, así como también limita el derecho a la disposición de dichos bienes». Cabe destacar que además el decreto deroga la suspensión de desalojos y los propietarios enunciantes podrán llevar los casos a la justicia.

Actualmente, hay unos 1626 pueblos originarios inscriptos en los registros oficiales. A su vez, según el Gobierno Nacional, hay 254 hechos judicializados donde «median situaciones de usurpaciones y hechos violentos en todas las provincias del país». De ese total, resaltaron la situación de la Patagonia donde registraron toma de tierras y daños ambientales, «sobre todo con incendios intencionales y reiterados a plantaciones forestales y bosques naturales».

En este escenario, la administración libertaria marcó la necesidad de terminar con la emergencia «y las diferentes afectaciones que produce, tanto al derecho de propiedad como al dominio de los recursos naturales de las provincias».