A través de su publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional derogó los decretos que establecen a Nación Seguros, YPF, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y Optar en las contrataciones públicas.
Luego de que estallara el escándalo de corrupción que involucra al expresidente de la Nación, Alberto Fernández, el Gobierno derogó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) de 2021 que establecía que los ministerios y los organismos del Estado debían contratar las pólizas con Nación Seguros. La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
«El Decreto 747/24 firmado hoy por el presidente Milei deroga los decretos 1187/12, 1189/12, 1191/12 y 823/21, eliminando los privilegios de Nación Seguros, YPF, Banco Nación y Optar en las contrataciones públicas. Las empresas públicas deben servir a los ciudadanos y no servirse de ellos. Si estos privilegios, a su vez, servían para anidar corrupción o mantener a una casta política, deben ser desterrados», planteó el funcionario nacional a través de las redes sociales.
A su vez, calificó de «nefasta» la medida que impulsó Fernández durante su presidencia, porque “obligaba a comprarle los seguros a Nación Seguros”, y detalló una serie de irregularidades que, hoy, son materia de investigación judicial.
«Todos estos decretos implicaban una transferencia de recursos del contribuyente a estas empresas. Eso se acabó», concluyó el funcionario.
Asimismo, se puntualizó que, «en esta instancia, corresponde realizar un relevamiento de los contratos, convenios o acuerdos para la provisión de bienes y servicios celebrados con empresas en las que el Estado Nacional sea accionista»- También se dejó en claro que no se considerará que existe una ventaja, beneficio o preferencia en los contratos y convenios interadministrativos de provisión de bienes o servicios cuando el único proveedor disponible sea una jurisdicción o entidad del Sector Público Nacional.
En esa línea, el Gobierno barrió también con el decreto 1187/12 que determinó la obligación de implementar el pago de haberes al personal de la Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional mediante el Banco Nación, así como la normativa que imponía a las entidades públicas el deber de “contratar con YPF la provisión de combustible y lubricantes para la flota de automotores, embarcaciones y aeronaves oficiales».
De la misma manera, el Ejecutivo echó por tierra el decreto 1191/12, que «dispuso la obligación para las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional de utilizar los servicios de Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas y Líneas de Aéreas Cielos del Sur Sociedad Anónima y de Optar Sociedad Anónima para la compra de pasajes que requieran para el traslado por vía aérea, tanto dentro como fuera del país, de sus funcionarios, empleados o asesores contratados bajo cualquier modalidad, o de terceros cuyos traslados financiaran».
