También argumentan que la interrupción puede generar consecuencias graves para el país, “amenazar la seguridad o salud de la población, afectar el suministro de insumos esenciales y dificultar la conectividad y el comercio local e internacional”.

Los decretos como servicio esencial al sector indican que dentro del plazo de 24 horas de notificada la comunicación, las partes deberán ponerse de acuerdo sobre los servicios mínimos que se mantendrán durante el conflicto y las modalidades de su ejecución.

Aclara que, si no fue posible el acuerdo, la determinación de las materias enumeradas precedentemente será efectivizada en el término de 48 horas por Autoridad de Aplicación e intimará a las partes a su cumplimiento.

Por último, de suceder esto, se deberá tener en cuenta para la determinación de los servicios mínimos un porcentaje que en ningún caso podrían ser inferior al 50% respecto de la actividad o prestación normal y regular de los servicios.

En comunicación con Radio Mitre, el jefe de Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Biró, indicó que irán a la Justicia en contra del decreto: “Es una medida ilegítima, ilegal, vamos a recurrir a Justicia local, a la OIT, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El derecho de huelga es fundamental, solo puede estar regulado cuando estén en peligro bienes superiores, como la vida o la salud”.

Y sumó: “El conflicto se va a agravar”. También aprovechó para ir contra las críticas: “Dicen ‘paros salvajes, encubiertos’, pero no existe la figura de ‘paro salvaje’, un paro es un derecho de huelga, fundamental, único medio legítimo para defender nuestros intereses, en reclamo de aumentos salariales”.

La disputa es por un problema salarial porque los pilotos de Aerolíneas piden una recomposición del 70% y los tripulantes de a bordo piden un piso de aumento del 25%. Aerolíneas y la Secretaría de Transporte respondieron con una oferta del 10,8% acumulado para el período julio-agosto.