En el entorno cercano al presidente Javier Milei se reconoce que el Gobierno planea impulsar conjuntamente las leyes de reforma laboral y previsional. Para ello, ha comenzado a buscar acuerdos con los sindicatos de la CGT y diversas cámaras empresariales. Este miércoles, el nuevo secretario de Trabajo, Julio Cordero, convocó a la primera reunión.

Fuentes gubernamentales confirmaron que Cordero invitó a las 12 a los líderes de todas las cámaras empresariales a la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en Av. Leandro Alem 650, bajo el Ministerio de Capital Humano. El objetivo es continuar con el «Diálogo Social» para fortalecer la colaboración tripartita dentro del Consejo de Mayo.

Así, una semana después de reunirse con la cúpula de la CGT, el Gobierno recibirá a representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Asociación de Bancos Argentinos (ABA).

Aunque allegados a Cordero afirman que el diálogo será «con agenda abierta» y se escucharán las propuestas de cada sector, el Gobierno de Milei busca avanzar en las reformas laborales y previsionales dentro de su plan de reformas económicas y sociales para atraer inversiones.

La reunión tiene lugar después de que la CGT manifestara su oposición a los principales puntos de la reforma laboral detenida judicialmente en el DNU 70/23, que incluye límites al derecho a huelga y protesta, eliminación de indemnizaciones por despido, y la supresión del aporte solidario a las obras sociales descontado de los salarios.

La CGT ha advertido que no apoyará estas reformas y, ante la falta de acuerdo sobre el aumento del salario mínimo vital y móvil, enfrenta divisiones internas, con algunos sectores pidiendo convocar al tercer paro general contra el Gobierno.

En la Casa Rosada afirman que las reformas laboral y previsional «deben implementarse conjuntamente«. Uno de los objetivos clave del Gobierno es lograr un sistema financiero equilibrado que legalice al 40% de los trabajadores fuera del mercado formal, a través de medidas para reducir multas y litigios por despidos.

Al mismo tiempo, se propone una reforma previsional más extensa, que retire a más de 4 millones de personas del sistema jubilatorio que accedieron a la jubilación mínima por moratoria, trasladándolas a un nuevo régimen social fuera de la ANSES.

El Poder Ejecutivo también considera aumentar la edad de jubilación. Aunque no se ha establecido una cifra exacta, se menciona la posibilidad de unificarla en 70 o 75 años para ambos sexos, en lugar de los actuales 60 para mujeres y 65 para hombres. Durante un intenso debate con la oposición, el presidente advirtió que vetaría el proyecto de ley de movilidad jubilatoria, que podría implicar un gasto adicional para el Estado de entre el 0,44% y el 0,74% del PBI, si se aprueba en el Senado.

El Gobierno justifica la reforma previsional y el aumento de la edad de jubilación argumentando que el sistema de reparto está desfinanciado y cerca de la insolvencia, debido a la mayor expectativa de vida y al hecho de que un 40% de los trabajadores están en la informalidad y no contribuyen al sistema.

Además, el Gobierno promueve un régimen voluntario para quienes deseen cotizar a un nuevo sistema de jubilación privado, separado de la ANSES, diferenciándolo de las antiguas AFJP.

Esta iniciativa de Milei fue parte de los 10 puntos del Pacto de Mayo, firmado por 18 gobernadores en Tucumán el 9 de julio. Aún no se han definido los integrantes del Consejo.

Los puntos 8 y 9 del Consejo de Mayo se centran en las reformas laboral y previsional. Milei propone «una reforma laboral moderna que fomente el trabajo formal» y «una reforma previsional que garantice la sostenibilidad del sistema y respete a quienes han contribuido«.

El Gobierno ya está trabajando en la reglamentación de los aspectos de la reforma laboral bajo la Ley Bases, que incluye:

– Reducción de multas a empresas por trabajo no registrado o incorrectamente registrado.

– Disminución del período de prueba de 8 a 6 meses, extensible en ciertos casos.

– Autorización para que empresarios y sindicatos acuerden una nueva indemnización basada en el Fondo de Cese Laboral de la UOCRA.

En cuanto a la tercerización laboral, los empleados serán considerados como trabajadores directos de quienes registren la relación laboral, sin importar si fueron contratados para prestar servicios a terceros. La empresa usuaria será responsable solidaria por las obligaciones laborales y de seguridad social de los trabajadores proporcionados.

Finalmente, el artículo 90 establece que la licencia por maternidad podrá comenzar hasta 10 días antes del parto.